La tensión en Bolivia continúa en aumento tras nuevos enfrentamientos en El Alto que dejaron al menos seis muertos y una treintena de heridos. Mientras el gobierno interino de Jeanine Áñez defiende el accionar de las fuerzas de seguridad, organizaciones sociales y organismos internacionales advierten sobre la escalada de violencia y el impacto del decreto que exime de responsabilidad penal a militares en determinados operativos.
Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados de su crisis política iniciada tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre y profundizada luego de la renuncia de Evo Morales y la asunción interina de Jeanine Áñez el 10 de noviembre. Las protestas, los bloqueos y los enfrentamientos se multiplican en distintas regiones del país y ya dejaron al menos 30 fallecidos, 26 de ellos desde el cambio de gobierno.
El Alto, ciudad aymara considerada un bastión político y social afín a Morales, volvió a convertirse en escenario central del conflicto. Allí, una operación militar y policial destinada a garantizar el traslado de combustibles hacia esa ciudad y La Paz terminó en violentos disturbios y nuevas muertes.
El operativo buscó acompañar la salida de un convoy de camiones cisterna desde una planta de hidrocarburos, en medio de un desabastecimiento de gasolina que alcanzó niveles inéditos en los últimos años. Sectores movilizados intentaron bloquear la circulación de los vehículos y el episodio derivó en enfrentamientos, incendios y acusaciones cruzadas sobre el uso de armas de fuego.
El Alto, nuevo foco de tensión
La Defensoría del Pueblo informó inicialmente que al menos tres personas fallecieron por impactos de bala y confirmó alrededor de 30 heridos.
“De acuerdo a información preliminar, (al menos) tres personas habrían fallecido producto de impacto de arma de fuego, se desconoce las circunstancias en que ocurrió el hecho”, señaló el organismo mediante un comunicado. La institución pidió además “la desmovilización de las Fuerzas Armadas a fin de evitar que se produzcan más muertes”.
Según reportes del gobierno interino, grupos de ciudadanos intentaron impedir el paso de cisternas con combustible y camiones con garrafas de gas licuado. El Ejecutivo sostuvo además que durante la protesta se registró el uso de dinamita.
El enfrentamiento dejó daños e incendios en instalaciones de la planta de hidrocarburos y reabrió la discusión sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. Mientras sectores movilizados denunciaron que militares utilizaron armas de fuego contra manifestantes y atribuyeron a los uniformados parte de las muertes y heridas, el gobierno rechazó esas acusaciones.
El ministro de Defensa, Fernando López, responsabilizó a grupos movilizados al afirmar: “Son grupos que están recibiendo órdenes, dinero, alcohol y coca para crear vandalismo, para causar terror y pánico”. A su vez, insistió en que “de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo proyectil”.
El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, sostuvo que la violencia fue provocada por un “grupo pequeño instigador”.
El decreto bajo cuestionamiento
La tensión política también se concentra sobre el decreto firmado por Jeanine Áñez, que establece que el personal militar “estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
El gobierno sostiene que la medida tiene un carácter disuasivo y busca garantizar el restablecimiento del orden. Sin embargo, organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos cuestionan duramente la decisión.
La Central Obrera Boliviana pidió el repliegue de las Fuerzas Armadas y reclamó la anulación del decreto, mientras distintas organizaciones llegaron a calificar la disposición como una “licencia para matar”.
La Defensoría del Pueblo exhortó además a las autoridades “a evitar realizar discursos y acciones tendientes a la persecución de dirigentes y a la criminalización de la protesta social”.
Preocupación internacional por la violencia
El conflicto boliviano también generó creciente atención internacional. Human Rights Watch cuestionó las medidas adoptadas por el gobierno interino y alertó sobre posibles vulneraciones a estándares fundamentales de derechos humanos.
“El gobierno ha adoptado y anunciado medidas alarmantes que violan los estándares de derechos humanos fundamentales”, señaló la entidad.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, afirmó: “Estamos profundamente preocupados por las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas, que parecen priorizar la represión brutal de opositores y críticos y otorgan a las fuerzas armadas un cheque en blanco para cometer abusos, en vez de concentrarse en reestablecer el estado de derecho en el país”.
La organización pidió la derogación inmediata del decreto cuestionado. Días antes, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también manifestó preocupación por el incremento acelerado de muertes.
En ese marco, tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunciaron el envío de misiones técnicas para evaluar la situación de los derechos humanos en Bolivia y seguir de cerca la evolución del conflicto político y social.
