Sindicatos llevan a la Justicia la privatización de Intercargo
NewsITe
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en la valuación y el proceso de licitación de la empresa estatal Intercargo, pieza clave en los servicios de rampa en aeropuertos argentinos.
La presentación, radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3. Según detallaron fuentes gremiales, se les atribuyen los delitos de defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados a la determinación del precio base para la venta de la compañía en el marco del plan de privatizaciones del Gobierno.
El eje del cuestionamiento sindical es la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo, que fijó un valor de referencia cercano a los 45 millones de dólares para la privatización de Intercargo. Para APA, esa cifra resulta “inexplicable” si se la compara con los últimos balances de la firma, que habrían arrojado resultados positivos y evidencian activos relevantes en equipos, infraestructura y contratos.
La valuación del BICE y el plan oficial de privatizaciones
La tasación oficial que sirvió de base al precio fue realizada por el BICE mediante el método de flujo de fondos descontados, una herramienta habitual en el análisis de empresas. Desde el Gobierno defendieron ese procedimiento y sostienen que el cálculo responde a estándares técnicos aceptados a nivel internacional. Sin embargo, la APA cuestiona tanto el resultado como la elección del organismo valuador.
El sindicato entiende que podrían haber intervenido otros entes estatales con tradición en tasaciones de bienes públicos y reclama que la Justicia revise el proceso administrativo que derivó en la resolución cuestionada. Para la organización, una eventual subvaluación configuraría un perjuicio económico directo para el Estado nacional y, por extensión, para el conjunto de la sociedad.
Intercargo, dedicada a la asistencia en tierra de aeronaves —carga y descarga de equipaje, traslado de pasajeros en plataforma y servicios de rampa—, es considerada una empresa estratégica dentro del sistema aerocomercial. Por años actuó en un esquema casi monopólico, aunque la actual gestión avanzó en la desregulación del sector y habilitó la entrada de nuevos operadores privados.
Tensión con los gremios y futuro de la causa
La denuncia penal se inscribe en un clima de fuerte disputa entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos por la aplicación de la Ley Bases y el programa de privatizaciones. La norma autorizó la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación accionaria residual del Estado y con un cronograma que abre la puerta a oferentes locales y extranjeros.
Desde APA alertan que el proceso no solo podría significar un “vaciamiento del patrimonio público”, sino también un impacto considerable sobre el empleo: estiman que alrededor de 1.500 trabajadores dependen directa o indirectamente de la operatoria de Intercargo en más de una decena de aeropuertos del país. En ese sentido, anunciaron que combinarán acciones judiciales con medidas gremiales en defensa de los puestos de trabajo.
- Denuncia penal contra el Presidente, el ministro de Economía y el ex titular del BICE por la valuación de Intercargo.
- Cuestionamientos a la tasación oficial de 45 millones de dólares y al rol del BICE en el proceso.
- Advertencias gremiales sobre un posible perjuicio al Estado y sobre el impacto en unos 1.500 empleados.
“Buscamos evitar una posible estafa al pueblo argentino y la pérdida de control sobre un servicio estratégico para la aviación comercial”, señalaron desde la Asociación del Personal Aeronáutico.
La investigación en el fuero federal será determinante para establecer si el esquema de privatización de Intercargo continúa en los términos previstos por el oficialismo o si se abre una instancia de revisión política y judicial. En paralelo, el caso reaviva el debate sobre el rol del Estado en empresas de servicios esenciales y el criterio utilizado para ponerle precio a activos públicos en un contexto de fuerte ajuste.
