El conflicto presupuestario que no encuentra salida
NewsITe
La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas volvió a escalar y, por ahora, no se vislumbra un camino claro de resolución. Tras la masiva marcha en defensa de la educación superior, la Secretaría de Políticas Universitarias avanza en una convocatoria a rectores para abordar, en primer término, la crítica situación financiera de los hospitales universitarios.
Según trascendió en despachos oficiales, la intención del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, es conformar una comisión específica que defina cómo se distribuirán los recursos de la partida destinada a hospitales universitarios. Ese será uno de los ejes que la Casa Rosada quiere mostrar como gesto de respuesta ante el reclamo académico.
En paralelo, el Poder Ejecutivo insiste con una propuesta salarial que mantiene el rechazo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Las casas de estudio reclaman el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso y luego vetada por el presidente Javier Milei. A partir de fallos judiciales que ordenan respetar la normativa, el oficialismo trabaja en un proyecto alternativo que, aseguran, respeta el “espíritu” de la ley, pero con metas y plazos más acotados.
El esquema que se discute prevé una recuperación salarial del 12% repartida en tres trimestres, con un aumento del 4,1% sobre el sueldo de diciembre de 2025 a aplicarse en marzo, julio y septiembre. Además, contempla una actualización automática del presupuesto de funcionamiento en caso de que la inflación supere el 14,3% anual proyectado, y un refuerzo de $80.072.460.000 para la asistencia financiera de los hospitales universitarios.
El reclamo de las universidades y la disputa política
Las universidades consideran que la oferta es claramente insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2023. Reclaman una recomposición salarial basada en la inflación efectiva de los últimos años, la actualización integral de los gastos de funcionamiento y de las becas estudiantiles, y la reapertura de la paritaria con los gremios docentes y no docentes.
Desde el CIN señalan que, más que un gesto de buena voluntad, esperan un compromiso concreto de cumplimiento de la ley original, aunque se instrumente de manera escalonada. Voces del sistema universitario califican como “vergonzoso” que, de un esquema de recuperación de 50 puntos, el Gobierno sólo ponga sobre la mesa 12. En ese marco, las universidades sostienen que todavía “no hay condiciones para un diálogo genuino”.
El conflicto se vio alimentado también por decisiones de ajuste fiscal. En los días posteriores a la movilización federal universitaria, el Ejecutivo avanzó con una reducción de $78.768 millones en el presupuesto, medida que fue leída por rectores y gremios como un nuevo golpe al financiamiento del sistema.
Caputo bajo la lupa y las tensiones internas en el oficialismo
En la Casa Rosada algunos señalan al Ministerio de Economía como el principal responsable del estancamiento de la negociación, por no habilitar los fondos que exigen las universidades. En particular, distintos referentes de la Universidad de Buenos Aires apuntan al ministro Luis Caputo y a las internas dentro del propio oficialismo.
- Referentes universitarios mencionan una puja entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
- Sostienen que un entendimiento alcanzado en enero se habría frenado para evitar que un sector del Gobierno capitalizara el acuerdo.
“Nosotros queremos que se cumpla la ley original. Aunque sea en cuotas. De los 50 puntos iniciales, que ofrezcan 12 nos parece una vergüenza”, remarcó una fuente del ámbito universitario.
Desde la Cámara de Diputados, sin embargo, rechazan las acusaciones y aseguran que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para avanzar con la ley en los términos fijados por la oposición y el sistema universitario. Mientras tanto, las universidades se preparan para profundizar su plan de acción si no aparecen señales concretas de mejora en el financiamiento, en un conflicto que ya se instaló como uno de los frentes políticos más sensibles para el Gobierno.
