El Gobierno avanza sobre una trama de sobreprecios en discapacidad.
El Gobierno nacional investiga una presunta maniobra de sobreprecios en la compra de insumos ortopédicos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que habría implicado diferencias de hasta el 4.239% respecto de los valores de mercado. El caso, que se centra en adquisiciones de andadores, sillas de ruedas y prótesis, abre una nueva etapa judicial con la citación de varios empresarios vinculados al sector.
El informe que encendió las alertas fue elaborado por el Ministerio de Salud, bajo la órbita del ministro Mario Lugones, y comparó las facturas presentadas al Estado con precios de referencia del mercado. Según el documento, las diferencias detectadas resultan “injustificables” y apuntan a un sistema de contrataciones presuntamente direccionadas en perjuicio de los fondos públicos destinados a políticas de discapacidad.
En este contexto, a partir del lunes 11 comenzará una semana clave de declaraciones indagatorias. El primero en presentarse será Osmar Caballi, contador y exdirector general de ANDIS durante algunos meses de la gestión de Alberto Fernández. Caballi figura como uno de los socios mayoritarios de Farma Salud, empresa que habría obtenido contratos por alrededor de 7.900 millones de pesos en el marco del esquema ahora bajo la lupa judicial.
También fueron convocados cuatro integrantes de la familia Sagués, propietarios de la reconocida Ortopedia Sagués. De acuerdo con el cronograma previsto, Mariano y Christian Sagués declararían el martes 12, mientras que Vicente y Lucas Sagués lo harían el miércoles 13. La firma aparece mencionada en los informes oficiales como una de las principales beneficiarias de las contrataciones investigadas.
Empresas bajo la lupa y la hipótesis de un circuito paralelo
Los reportes preliminares identifican a Ortopedia Sagués como parte de un núcleo de proveedores estrechamente vinculados a la administración de la ANDIS. En ese grupo también figuran compañías como MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma, Profarma y Ortopedia Bernat, entre otras, que habrían sido favorecidas de manera recurrente en la provisión de insumos de alto costo.
La investigación, encabezada por el fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, se concentra en el funcionamiento del sistema de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Los investigadores sospechan que, a través de este mecanismo, se habría montado un circuito de contrataciones paralelo que concentró millonarios recursos públicos en un reducido grupo de empresas proveedoras.
- Comparación de precios de mercado con facturas emitidas al Estado.
- Foco en insumos ortopédicos de alto costo destinados a personas con discapacidad.
- Citación de exfuncionarios, empresarios y representantes de ortopedias involucradas.
- Hipótesis de direccionamiento de contratos y sobreprecios injustificados.
En los próximos días, las declaraciones indagatorias y el análisis de nueva documentación serán claves para determinar eventuales responsabilidades penales y el alcance del presunto perjuicio económico al Estado. Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre los mecanismos de control en las compras públicas y la necesidad de fortalecer la transparencia en áreas especialmente sensibles, como la atención a personas con discapacidad.
