El Ejecutivo avanza con la desinversión en bienes inmuebles.
El Gobierno nacional autorizó la venta de 21 inmuebles pertenecientes al Estado, en el marco de una estrategia orientada a reducir gastos de mantenimiento y obtener recursos frescos para las arcas públicas. La medida quedó formalizada a través del Decreto 322/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Según se detalla en los fundamentos de la norma, se habilita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, enajenar o transferir estos bienes por considerar que no resultan necesarios para la gestión estatal actual. Auditorías recientes detectaron que muchos de ellos se encuentran ociosos, subutilizados o con usos no definidos.
En el Gobierno sostienen que el traspaso de estos activos a manos privadas permitirá impulsar proyectos productivos, dinamizar inversiones y mejorar las condiciones económicas generales en las zonas donde están ubicados. Además, remarcan que la venta posibilitará reducir costos de conservación, seguridad y mantenimiento de inmuebles que hoy no cumplen una función pública específica.
Dónde están ubicadas las propiedades a la venta
Los 21 inmuebles están distribuidos en distintos puntos del país, con una fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires y otros distritos del interior. De acuerdo con la información oficial, las propiedades forman parte en muchos casos de viejos predios ferroviarios o áreas sin uso determinado.
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: un predio en Avenida del Libertador 3880, emplazado en el trazado de vías entre Retiro y Palermo, ramal San Martín.
- Provincia de Buenos Aires: dos terrenos en la localidad de Salazar (partido de Daireaux), tres en Mariano H. Alfonzo (Pergamino), cinco en Barrow (Tres Arroyos) y uno en Pablo Podestá (Tres de Febrero).
- Chubut: dos sectores en Esquel, linderos al Río Los Bandidos.
- Córdoba: tres terrenos en la costanera del embalse de Río Tercero.
- La Pampa: tres predios vinculados al cuadro de la estación Lonquimay.
- Misiones: un inmueble ubicado en la localidad de Candelaria, sobre la calle Fray Ruiz de Montoya.
Fundamentos oficiales y debate público
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo plantea la “necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión”. Se argumenta que la permanencia de estos bienes en el patrimonio estatal implica gastos que podrían ser evitados si se avanzara con su disposición.
La política de desinversión en inmuebles genera, a la vez, expectativas e interrogantes. Por un lado, algunos especialistas en finanzas públicas señalan que la venta de bienes ociosos puede ayudar a ordenar el patrimonio del Estado y a obtener ingresos extraordinarios para reducir el déficit. Por otro, organizaciones sociales y urbanistas advierten que es clave garantizar transparencia en los procesos de licitación y definir criterios claros sobre el destino de los terrenos, priorizando usos que aporten valor social y desarrollo urbano equilibrado.
En este contexto, la AABE será la encargada de diseñar y ejecutar los mecanismos de venta o transferencia, establecer los pliegos correspondientes y supervisar que las operatorias se ajusten a la normativa vigente. En las próximas semanas se esperan definiciones sobre el cronograma y las modalidades concretas para la enajenación de estos 21 inmuebles estatales.
