El Gobierno define el contrato para privatizar AySA

Avanza el plan oficial para concesionar el servicio de agua

El Gobierno nacional oficializó el nuevo modelo de contrato de concesión para Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), un paso clave dentro del proceso de privatización de la empresa. La medida fue instrumentada a través de la Resolución 543/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en la denominada Ley de Bases, que habilita la transferencia de compañías estatales al sector privado.

El Ejecutivo plantea que esta reforma implica una “transformación de importancia refundacional” para el sistema de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde AySA brinda servicios a más de 14 millones de personas. Con el nuevo contrato se busca precisar derechos y obligaciones tanto del Estado concedente como del futuro concesionario, con el objetivo de otorgar previsibilidad jurídica a potenciales inversores.

De acuerdo con el esquema aprobado, el Estado pondrá a la venta al menos el 51% del paquete accionario de AySA, que quedará en manos de un “operador estratégico” privado. El porcentaje restante se colocará en el mercado de capitales a través de la Bolsa, completando así el retiro del control estatal directo sobre la empresa.

El nuevo contrato fija un plazo de concesión inicial de 30 años, con la posibilidad de extenderlo por una década adicional, sujeto al cumplimiento de las metas previstas. La concesión abarcará la provisión de agua potable y el servicio de desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, una de las áreas con mayor densidad poblacional del país y con fuerte demanda de infraestructura básica.

Etapas de transición y nueva etapa tarifaria

El esquema diseñado por el Gobierno contempla una hoja de ruta dividida en dos grandes tramos. En una primera fase de transición, prevista para el período 2024-2026, AySA deberá cumplir con el Plan de Acción vigente, orientado a reordenar su estructura operativa, mejorar la eficiencia y sanear sus cuentas. Esta etapa busca dejar a la empresa en condiciones financieras y de gestión aceptables para la llegada del inversor privado.

A partir de enero de 2027 se iniciará la llamada “nueva era”, que coincidirá con el Primer Ciclo Tarifario bajo control privado. En ese período, que se extenderá hasta 2031, el concesionario estará obligado a concretar las inversiones comprometidas en el contrato, ampliar la red de agua y cloacas y cumplir objetivos de calidad y cobertura del servicio. La revisión de tarifas y metas quedará sujeta a los mecanismos establecidos en el nuevo marco regulatorio.

Alcance territorial y próxima licitación

La concesión incluye, además de la Ciudad de Buenos Aires, a los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Se trata de una zona estratégica por su peso demográfico e industrial.

  • Concesión por 30 años, prorrogable por 10 más, para agua y cloacas en CABA y 26 municipios.
  • Venta de al menos 51% del capital a un operador privado y colocación del resto en Bolsa.
  • Transición 2024-2026 para ordenar la empresa y nueva etapa tarifaria entre 2027 y 2031.

Con la publicación del contrato, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedó habilitada para lanzar el pliego de licitación nacional e internacional. En las próximas semanas se espera que comiencen a conocerse los interesados en operar uno de los servicios públicos más sensibles para el AMBA, en un proceso que será seguido de cerca por usuarios, sindicatos y gobiernos locales.

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