Cesantean a dos médicos mendocinos por violencia y abuso
NewsITe
El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó la cesantía de dos médicos que se desempeñaban en el sistema público provincial, tras ser considerados responsables de conductas gravemente inapropiadas en el ámbito laboral. Las medidas, avaladas por el gobernador Alfredo Cornejo y el titular de la cartera sanitaria, Rodolfo Montero, se enmarcan en una política de mayor control y sanción frente a situaciones de violencia y abuso dentro de hospitales y centros de salud.
Uno de los casos corresponde a Rolando Pronotto, reconocido profesional del Hospital Central y jefe de servicio hasta fines del año pasado. Según fuentes oficiales, el médico fue denunciado por una colega por reiterados episodios de maltrato laboral y violencia de género. La profesional, abrumada y angustiada por el clima hostil, formalizó la presentación que derivó primero en su separación del cargo y, ahora, en la desvinculación definitiva del sistema público.
En el expediente administrativo se tuvieron en cuenta los testimonios de otros trabajadores del hospital, quienes describieron un entorno de trabajo signado por gritos, humillaciones e insultos. Aunque Pronotto intentó justificar su accionar alegando que solo realizaba “correcciones” a su equipo, los relatos coincidentes de testigos y el impacto en la salud psíquica de la denunciante terminaron por agravar su situación.
Abuso a una enfermera y condena penal en Malargüe
El segundo caso involucra a Pedro Seput Yactayo, médico que prestaba servicios en el Hospital Regional de Malargüe, al sur de la provincia. De acuerdo con la información oficial, en 2019 el profesional se presentó a trabajar en estado de ebriedad y, en ese contexto, manoseó a una enfermera. El hecho derivó en la apertura de un sumario administrativo y también en una causa penal.
La Justicia mendocina lo condenó a un año y seis meses de prisión en suspenso, lo que implica que la pena no se cumple en prisión efectiva pero queda registrada y sujeta a condiciones. Paralelamente, el Ministerio de Salud avanzó con el proceso interno que ahora culmina con la cesantía, considerando que la conducta resulta absolutamente incompatible con la función pública y con el vínculo de confianza que debe existir entre pacientes, profesionales y el Estado.
Incumplimientos graves y mensaje al sistema de salud
Desde la administración provincial señalaron que ambas decisiones se sustentan en «incumplimientos graves de deberes funcionales, inasistencias injustificadas reiteradas, irregularidades en el desempeño de funciones y situaciones incompatibles con la función pública». La cesantía implica la desvinculación total del sistema de salud estatal y la pérdida de los derechos laborales asociados al cargo.
- Denuncias por maltrato laboral y violencia de género en el Hospital Central.
- Abuso a una enfermera y condena penal en el Hospital Regional de Malargüe.
- Procesos administrativos que derivaron en la cesantía de ambos profesionales.
- Énfasis oficial en sancionar conductas que vulneren derechos y protocolos.
Las autoridades sanitarias remarcan que no se tolerarán episodios de violencia, acoso o abuso en el ámbito hospitalario y llaman a reforzar los canales de denuncia y acompañamiento a las víctimas.
Las decisiones conocidas en Mendoza se inscriben en un contexto más amplio de revisión de prácticas institucionales y de exigencia de responsabilidad a quienes ocupan cargos de conducción en el sistema de salud. Especialistas en derecho laboral y en salud pública coinciden en que estos casos pueden sentar un precedente que incentive a otras provincias a fortalecer sus protocolos de prevención, denuncia y sanción frente a hechos de violencia y abuso en espacios de atención sanitaria.
