Polémica en Zárate por el traslado del Registro Civil a una vivienda particular
NewsITe
La decisión de mudar la delegación del Registro Provincial de las Personas de Lima, en el partido bonaerense de Zárate, a una vivienda particular encendió una fuerte polémica política e institucional. El organismo, que hasta ahora funcionaba en una dependencia municipal, pasaría a operar en un inmueble privado, lo que derivó en pedidos de explicaciones formales y reclamos de mayor transparencia.
Según trascendió en el ámbito legislativo bonaerense, distintos actores locales impulsan que la Legislatura requiera información detallada sobre el expediente del traslado: quién firmó la resolución, bajo qué criterios se eligió la nueva sede y cuáles son las condiciones de habilitación del lugar. El dato que disparó el conflicto es que el inmueble habría estado vinculado públicamente a la familia del presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria en el distrito.
Desde el área provincial, el cambio fue presentado como parte de un esquema de “descentralización” y mejora de la atención al público. Sin embargo, el formato elegido —pasar de un ámbito municipal a una casa particular— abrió interrogantes sobre los controles administrativos, la transparencia en la contratación y el cumplimiento de los estándares que se exigen a las oficinas donde se tramitan documentos sensibles.
El Registro Provincial de las Personas cumple funciones clave: emisión y renovación de DNI, inscripción de nacimientos y defunciones, certificación de actas y gestión de turnos. Por eso, en Lima y zonas cercanas la discusión excede la interna política. Vecinos y organizaciones remarcan que cualquier improvisación en la mudanza puede impactar de manera directa en la vida cotidiana, desde la inscripción escolar hasta el acceso a programas sociales.
Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la trazabilidad del proceso: si hubo informes técnicos previos, evaluaciones de seguridad y accesibilidad, y si se verificó que la nueva sede cumpla con normas edilicias y de resguardo de la información personal. También se pide que se publique la documentación completa para despejar suspicacias sobre eventuales conflictos de interés.
Reclamos de transparencia y control institucional
Referentes opositores y voces del oficialismo local coinciden en que la Provincia debe brindar precisiones por escrito, incluyendo el número de expediente, la resolución que habilita el traslado y los fundamentos que justifican la elección del inmueble. En ese marco, legisladores analizan la presentación de pedidos de informes para que el Ministerio responsable del Registro detalle el proceso administrativo seguido.
- Explicitar el expediente y la resolución que ordenan la mudanza de la delegación de Lima.
- Aportar informes sobre seguridad, accesibilidad y condiciones edilicias del nuevo espacio.
- Asegurar mecanismos que eviten posibles conflictos de interés en la selección del inmueble.
- Garantizar la continuidad del servicio y la atención a vecinos de Lima y zonas aledañas.
La discusión de fondo es si un servicio público esencial, como el Registro de las Personas, puede funcionar en una casa particular sin un marco de transparencia absoluto y controles claros que despejen toda sospecha política.
Con la inauguración de la nueva sede en carpeta, el eje del debate se desplaza ahora al control institucional. Mientras se aguardan definiciones oficiales, en Zárate crece la presión para que la Provincia informe en detalle cada paso del proceso y asegure que un servicio básico no quede atrapado entre la desconfianza social y el ruido político.
