Paro de médicos de PAMI y reclamo nacional por el ajuste
NewsITe
Los médicos de cabecera de PAMI culminaron este miércoles un paro de 72 horas en todo el país en rechazo al recorte impulsado por el Gobierno nacional sobre la obra social de jubilados y pensionados. La medida de fuerza, que comenzó el lunes, dejó sin emisión de recetas electrónicas ni órdenes médicas y obligó a suspender la mayoría de las consultas programadas.
Si bien las guardias y las urgencias se mantuvieron operativas, profesionales de la salud advirtieron que el funcionamiento cotidiano del sistema quedó fuertemente resentido. El detonante del conflicto fue la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, publicada el 9 de abril, que según los médicos implica una reducción efectiva de sus honorarios, pese a ser presentada oficialmente como un “ordenamiento del sistema”.
Uno de los puntos más cuestionados es la nueva cápita de $2.100 por afiliado. Para los médicos, lejos de significar una mejora, se trata de una “mejora engañosa” porque viene acompañada de la eliminación de ingresos clave que integraban su salario. “No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico”, remarcaron en diálogo con la prensa.
Protestas en la sede central y en varias provincias
En la sede central de PAMI, sobre la avenida Corrientes al 600 en la Ciudad de Buenos Aires, se concentraron trabajadores profesionales y no profesionales, jubilados y diversas organizaciones sociales. Allí denunciaron recortes en medicamentos, prestaciones médicas y demoras en los pagos a prestadores.
En la provincia de Córdoba, la protesta se trasladó a la sede de calle General Paz al 300. La senadora nacional Alejandra Vigo (Provincias Unidas) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se detalle la “gravísima” situación de los afiliados, marcada por el corte de atención médica y la falta de pago a clínicas, sanatorios y otros prestadores.
Situaciones similares se registraron en Misiones, donde trabajadores del PAMI local denunciaron atrasos en pagos a farmacias, demoras en la entrega de medicamentos gratuitos y dificultades para acceder a servicios de oftalmología. El Colegio de Ópticas de esa provincia resolvió suspender temporalmente las prestaciones a los afiliados hasta que el organismo cancele la totalidad de la deuda acumulada.
Deuda con prestadores y respuesta del Gobierno
Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas una transferencia de $150.000 millones destinada a regularizar parte de la deuda con prestadores y descomprimir la crisis. Sin embargo, asociaciones médicas y legisladores de la oposición sostienen que la medida es insuficiente si no se revisan de fondo los cambios implementados en el esquema de atención de PAMI.
- Desde fines de 2023 se registran retrasos en los pagos a clínicas, sanatorios y hospitales privados.
- Se impusieron cupos para estudios diagnósticos y se extendieron los plazos para conseguir turnos, que en muchos casos superan los cuatro meses.
- Diputados y senadores pidieron que las autoridades de PAMI concurran al Congreso a explicar las modificaciones en el sistema.
Organizaciones de jubilados alertan además por la reducción en la cobertura de medicamentos e insumos que antes eran gratuitos, lo que impacta en un sector con ingresos fuertemente deteriorados por la inflación.
Jubilados en la calle y reclamos políticos
El Plenario de Trabajadores Jubilados convocó a una concentración frente a la sede central de PAMI, donde desde las 11 se realizó una olla popular para visibilizar la situación. Los manifestantes reclamaron la restitución plena de medicamentos e insumos gratuitos, y exigieron que no se descargue el ajuste sobre los afiliados.
En una conferencia de prensa frente al edificio, las organizaciones de jubilados pidieron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y reclamaron que la conducción de PAMI sea electa y cuente con una auditoría permanente a cargo de trabajadores y jubilados.
Mientras el conflicto se nacionaliza y suma adhesión de gremios de la salud, el futuro inmediato de la obra social más grande del país aparece atravesado por la tensión entre el programa de ajuste del Gobierno y la capacidad de PAMI de sostener la cobertura básica para millones de adultos mayores en todo el territorio argentino.
