Escribana citada por el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni
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La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster fue citada a declarar como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La audiencia fue fijada para el próximo miércoles 8 en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11.
La pesquisa se centra en dos propiedades vinculadas al funcionario nacional que, según la denuncia, no habrían sido incluidas en su declaración jurada patrimonial. Se trata de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
De acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal Pollicita buscará que la escribana aporte precisiones sobre la certificación de las escrituras de esos inmuebles, así como sobre los montos consignados en la documentación. Uno de los puntos bajo análisis es que el valor de escritura del departamento de Caballito sería sensiblemente inferior a los precios de mercado actuales para una propiedad de similares características.
En paralelo, el expediente incluye un relevamiento de las visitas de Nechevenko a la Casa Rosada. Registros oficiales indicarían que la profesional ingresó al edificio gubernamental al menos en siete oportunidades entre julio de 2024 y enero de 2026. Los investigadores intentan establecer el motivo de esos encuentros y si guardan relación con las operaciones inmobiliarias cuestionadas.
El rol de la escribana en las operaciones inmobiliarias
Según se difundió en los últimos días, Nechevenko habría intervenido en la certificación de diversas operaciones vinculadas al patrimonio de Adorni, incluidas las dos propiedades que no figurarían en su declaración jurada. En esa condición, los investigadores presumen que la escribana estaría en condiciones de precisar los valores reales de compraventa, las fechas de las operaciones y las partes intervinientes.
La declaración testimonial será clave para determinar si hubo inconsistencias entre los montos declarados ante la Justicia y los efectivamente pagados. De confirmarse diferencias significativas sin respaldo documental, el Ministerio Público podría avanzar en nuevas medidas de prueba, entre ellas peritajes contables y requerimientos de información a entidades financieras e inmobiliarias.
Antecedentes judiciales y contexto de la causa
En el fuero federal se recordó que Nechevenko ya había figurado en un expediente judicial hace unos doce años, cuando prestó declaración como testigo en un juicio contra una organización dedicada al tráfico de efedrina. En aquel caso, la escribana había validado firmas de empresas que luego fueron identificadas como fachadas utilizadas por narcotraficantes para canalizar operaciones ilegales.
Ese antecedente, si bien no implicó imputaciones en su contra, volvió a tomar relevancia a la luz de la causa que ahora involucra al jefe de Gabinete. Para los investigadores, resulta central determinar si en las actuaciones relacionadas con Adorni se cumplieron todos los recaudos de la normativa notarial y tributaria vigente.
- La causa apunta a presunto enriquecimiento ilícito de un funcionario público.
- Se investigan inmuebles que no figurarían en la declaración jurada de Adorni.
- La escribana declarará como testigo para explicar valores y certificaciones.
- La Fiscalía analiza visitas a la Casa Rosada y antecedentes de la profesional.
La declaración de la escribana Nechevenko se perfila como un paso clave para esclarecer si existió ocultamiento patrimonial en las operaciones inmobiliarias atribuidas al jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Tras la testimonial, el fiscal Pollicita definirá los próximos pasos del expediente. En función de la consistencia de los documentos y de los dichos de los testigos, la Justicia deberá resolver si avanza hacia una imputación formal del funcionario o si archiva las actuaciones por falta de elementos. Mientras tanto, el caso se suma a la agenda judicial que rodea al Gobierno nacional y mantiene bajo la lupa el control sobre el patrimonio de los máximos responsables de la administración pública.
