El Gobierno confirmó que el encargado de negocios de Irán dejó el país luego de recibir un plazo de 48 horas. La decisión se tomó tras el endurecimiento de la postura oficial frente al régimen iraní y su respuesta diplomática.
El Gobierno argentino confirmó que el encargado de negocios de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el territorio nacional luego de que se le otorgara un plazo de 48 horas para retirarse. La medida se adoptó en el marco de la escalada diplomática derivada del posicionamiento del presidente Javier Milei en el conflicto en Medio Oriente.
El canciller Pablo Quirno ratificó la salida del diplomático iraní y precisó que la decisión se cumplió en los términos establecidos por el Ejecutivo nacional. “En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, sostuvo.
La determinación oficial se produjo luego de que la administración nacional declarara “persona non grata” al representante iraní, en respuesta a un comunicado considerado amenazante por parte del régimen de la Irán. Ese posicionamiento se dio tras la decisión del Gobierno argentino de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní dentro del listado de organizaciones terroristas.
Escalada de tensión y antecedentes recientes
El vínculo entre ambos países se tensó en las últimas semanas, especialmente tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Teherán. En ese contexto, el 9 de marzo, Milei sostuvo durante una exposición en la universidad Yeshiva, en Nueva York, que Irán es “enemigo” de la Argentina.
“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, afirmó el mandatario en aquella oportunidad, en referencia a los atentados ocurridos en la década de 1990.
La reacción iraní fue inmediata. A través de un editorial publicado en el diario oficialista Tehran Times, el régimen consideró que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y advirtió que no permanecerá indiferente ante lo que calificó como una postura hostil. En ese texto, difundido el 17 de marzo, también se anticipó que se evaluaría una respuesta “proporcionada” frente a esa posición.
Medidas de seguridad y decisiones del Gobierno
Antes de ese intercambio de declaraciones, el Gobierno argentino ya había dispuesto a comienzos de marzo elevar el nivel de seguridad a “Alto” en todo el país. La medida incluyó la activación de un protocolo especial para proteger objetivos considerados sensibles, bajo la coordinación de organismos de inteligencia, seguridad y migraciones.
Entre las acciones implementadas se estableció una custodia permanente sobre la comunidad judía y sobre sedes diplomáticas vinculadas al conflicto, como las embajadas de Estados Unidos e Israel y la AMIA. En esos puntos se reforzó la presencia policial durante las 24 horas con móviles y efectivos especializados, esquema que continúa vigente.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con una decisión de alto impacto: declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria iraní e instruyó su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida habilita sanciones económicas, congelamiento de activos y restricciones operativas.
Según se informó oficialmente, el actual jefe de esa fuerza, Ahmad Vahidi, se encuentra acusado por su presunta participación en el atentado contra la AMIA y permanece prófugo de la Justicia.
El trasfondo histórico y la respuesta iraní
Desde el Gobierno recordaron que la Argentina fue escenario de dos de los atentados más graves de su historia reciente. El ataque contra la Embajada de Israel en 1992 dejó 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que el atentado contra la AMIA en 1994 provocó 85 fallecidos y más de 300 heridos.
En ese marco, la Oficina del Presidente señaló que ambos episodios fueron atribuidos a estructuras vinculadas a Irán, en particular a través de la organización Hezbollah.
La respuesta más reciente de la República Islámica se canalizó mediante su representación diplomática en Uruguay. En un comunicado difundido en las últimas horas, el régimen “condenó enérgicamente” la decisión argentina y la calificó como una acción “ilegal e injustificada”.
Además, advirtió que la medida constituye “una ofensa imperdonable al pueblo iraní” y sostuvo que podría generar responsabilidades internacionales para el Estado argentino.
En este escenario, la salida del diplomático Mohsen Soltani Tehrani marca un nuevo punto de inflexión en la relación bilateral, en un contexto internacional atravesado por conflictos armados y definiciones de política exterior con impacto directo en la diplomacia argentina.
