La inteligencia artificial avanza en el Estado mientras crece la cautela
NewsITe
La inteligencia artificial (IA) dejó de ser un experimento de laboratorio para convertirse en una herramienta concreta en la administración pública de numerosos países. Mientras gobiernos como el de Javier Milei evalúan su adopción a mayor escala, una recopilación de 200 casos reales en el sector estatal muestra un escenario ambivalente: oportunidades de eficiencia inéditas, pero también riesgos graves si se automatizan procesos ya defectuosos.
El informe, elaborado por la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, advierte que los Estados corren el peligro de “automatizar la ineficiencia”. En otras palabras, la IA no corrige estructuras rotas: las amplifica. Por eso, el verdadero riesgo para los gobiernos no sería moverse rápido, sino quedarse quietos mientras otros definen el modelo de Estado del futuro.
En Argentina ya existen experiencias concretas. El sistema Prometea, utilizado en el ámbito judicial, analiza expedientes completos y genera borradores de resoluciones en cuestión de minutos, una tarea que antes demandaba días de trabajo de funcionarios y equipos legales. En una región donde la lentitud de la Justicia es un problema histórico, estas herramientas comienzan a modificar tiempos y rutinas.
Casos internacionales: entre el colapso político y la eficiencia extrema
El recorrido por otros países muestra el costado más luminoso y también el más oscuro de la IA aplicada al Estado. En los Países Bajos, un algoritmo destinado a detectar fraude en subsidios infantiles terminó señalando injustamente a unas 26.000 familias, muchas de origen migrante. Las consecuencias fueron devastadoras: pérdida de viviendas y empleos, rupturas familiares y separación de niños de sus padres. El escándalo, producto de datos defectuosos y sesgos en el modelo, derivó en la caída del gobierno.
En contraste, Austria emplea IA en su administración tributaria desde 2014. Solo en 2023 analizó 6,5 millones de casos y permitió recuperar 185 millones de euros en impuestos que probablemente hubieran pasado inadvertidos. Se trata de un ejemplo de uso quirúrgico de los datos, orientado a fortalecer la recaudación con precisión.
- En Francia, sistemas de IA comparan imágenes satelitales con declaraciones fiscales y detectan piscinas no declaradas, construcciones clandestinas y edificaciones fuera del radar del fisco.
- En Brasil, la IA se aplica a un stock de litigios fiscales valuado en 140.000 millones de dólares, agrupando y priorizando causas con una precisión cercana al 80%, lo que reduce drásticamente plazos que antes se medían en años.
- En Singapur, un chatbot fiscal inteligente respondió 70.000 consultas en un año y ahorró más de 11.000 horas a contribuyentes, al resolver trámites completos de manera automatizada.
“La IA no arregla lo que está roto: lo amplifica. El desafío no es solo adoptarla, sino hacerlo con reglas claras, control y foco en el interés público”.
Desafíos para los gobiernos: confianza, regulación y equidad
Pese al crecimiento de estas experiencias, la IA todavía no produjo un cambio estructural en la mayoría de las administraciones públicas. Según la OCDE, el 70% de los países la utiliza principalmente para mejorar procesos internos, mientras apenas un 33% la aplica al diseño y la implementación de políticas públicas.
La baja confianza ciudadana ayuda a explicar la cautela. Solo el 39% de las personas declara tener un nivel moderadamente alto de confianza en su gobierno nacional, de acuerdo con datos de 2023. En ese contexto, cualquier iniciativa que involucre algoritmos, datos personales y decisiones automatizadas genera interrogantes sobre transparencia, sesgos y rendición de cuentas.
No obstante, organismos internacionales coinciden en que servicios públicos confiables, ágiles y justos pueden contribuir a reconstruir ese vínculo. La IA ya se utiliza con buenos resultados en ámbitos como la gestión de desastres naturales, donde permite anticipar eventos y acelerar la respuesta, y en la lucha contra el fraude fiscal.
El Instituto Alan Turing estima que en el Reino Unido la IA podría automatizar hasta el 84% de las transacciones repetitivas del servicio público, liberando el equivalente a 1.200 años-persona de trabajo anuales. El desafío para países como Argentina será avanzar en esa dirección sin perder de vista la inclusión, la protección de datos y el control democrático sobre tecnologías que, bien usadas, pueden transformar al Estado, pero mal diseñadas pueden agravar desigualdades y erosionar aún más la confianza social.
