Durísimas penas para una red de corrupción policial en Buenos Aires
NewsITe
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín dictó penas de hasta 17 años de prisión contra 19 ex policías bonaerenses y seis civiles, al dar por acreditada la existencia de una estructura delictiva que, durante años, utilizó los recursos del Estado para extorsionar a personas investigadas por narcotráfico y apropiarse de cargamentos de droga para su posterior comercialización.
Tras casi dos años de debate oral, los jueces Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez concluyeron que no se trató de hechos aislados de corrupción, sino de una organización sistemática montada desde las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro, que manipulaba causas penales, fraguaba procedimientos y elegía discrecionalmente a quién perseguir y a quién proteger.
Uno de los ejes del proceso fue la maniobra conocida como “Leones blancos”, ocurrida en diciembre de 2013 en una quinta de Moreno vinculada al denominado clan Loza. Según se probó en el juicio, el grupo policial simuló un procedimiento exitoso a partir de una falsa denuncia anónima, informó el secuestro de casi media tonelada de cocaína y, en paralelo, se apoderó de otra cantidad similar que estaba oculta en un vehículo de la organización criminal.
La droga sustraída, valuada entre 2,6 y 2,8 millones de dólares, fue trasladada luego a la localidad de Santa Clara del Mar para ser distribuida en la costa atlántica y, mediante envases termosellados, insertada en el circuito internacional del tráfico de estupefacientes. De este modo, la banda policial no sólo intervenía en la persecución penal, sino que también operaba como un actor más del negocio narco.
Quiénes fueron los principales condenados y cómo operaba la red
Por el caso “Leones blancos” y otros episodios conexos, el tribunal impuso las penas más severas a la cúpula de la delegación Quilmes. El comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta fueron considerados coautores de delitos como uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
También recibieron fuertes condenas otros efectivos de esa repartición: los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco fueron condenados a 14 años y 6 meses de prisión, mientras que la sargenta Tamara Silvina Machuca recibió 11 años de cárcel. En el ámbito de San Isidro, el comisario Roberto Adrián Okurzaty fue sentenciado a 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita; el sargento Santiago Ignacio Cabré, a 14 años, y el teniente Mario Alberto de Armas, a 12 años.
La investigación dejó al descubierto un patrón repetido en diversas causas, identificadas como “Bustamante”, “Basaldúa”, “Acosta” y “Santellán”. En esos expedientes se documentaron exigencias de dinero a personas investigadas por narcotráfico para evitar su imputación, así como el armado de actuaciones judiciales con documentación fraguada y la presunta intervención de funcionarios del sistema de justicia.
Impacto institucional y derivaciones hacia el Poder Judicial
- Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli fueron condenados a penas en suspenso e inhabilitación especial para ejercer la abogacía, tras ser considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes en delitos de extorsión y cohecho.
- Seis imputados resultaron absueltos, pero el tribunal ordenó profundizar la pesquisa respecto del ex fiscal provincial destituido Claudio Scapolan y de otros funcionarios judiciales y policiales presuntamente involucrados.
- Por la gravedad institucional de los hechos, se remitieron los fundamentos de la sentencia al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Seguridad bonaerense y a la Procuración General provincial.
Para el equipo fiscal integrado por Marcelo García Berro, Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly, el caso exhibe “la utilización coordinada de las facultades estatales para administrar de manera ilegal el tráfico de estupefacientes en la provincia”.
Las conclusiones del fallo marcan un precedente relevante en materia de control institucional sobre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. La investigación que se abre ahora sobre eventuales responsabilidades de ex fiscales y otros funcionarios será clave para determinar hasta dónde llegaba la protección política y judicial de una red que, según la Justicia, se apropió de funciones estatales para gestionar, desde adentro, parte del negocio del narcotráfico.
