París endurece controles tras denuncias de abusos en escuelas infantiles
NewsITe
El nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, anunció un ambicioso plan de 20 millones de euros para enfrentar una ola de denuncias por presuntos abusos sexuales y violencia en escuelas infantiles de la capital francesa. En los primeros meses del año, 31 asistentes escolares fueron apartados de sus funciones por sospechas de agresiones sexuales, en un total de 78 suspensiones desde enero por distintos tipos de violencia.
Grégoire, dirigente socialista de 48 años que asumió el cargo el último domingo, definió este tema como su “primera lucha” al frente del ayuntamiento. El municipio de París es el responsable de contratar, capacitar y supervisar a los monitores que cuidan a los chicos fuera del horario de clase en las escuelas públicas, un momento clave del día en el que muchos padres aún no han salido de sus trabajos.
“Hay que revisarlo todo desde el principio con un objetivo: tolerancia cero”, afirmó el alcalde, quien en noviembre había revelado que él mismo fue víctima de abusos durante una actividad extraescolar en su infancia. Según detalló, la “inmensa mayoría” de los casos actuales se remontan a 2024 y, sobre todo, a 2025, con especial concentración en jardines y escuelas infantiles, y con presuntos agresores mayormente varones.
Las cifras oficiales dan cuenta de la dimensión del problema: solo en 2025, la alcaldía apartó a 16 monitores por sospechas de violencia sexual o física. Este año, nueve de los trabajadores suspendidos se desempeñaban en una misma escuela infantil, lo que disparó la indignación de las familias, que acusan a las autoridades escolares de no haber informado a tiempo sus sospechas ni las medidas tomadas.
Un “riesgo sistémico” y la promesa de transparencia total
En declaraciones al diario francés Le Monde, Grégoire reconoció que las instituciones subestimaron la gravedad de la situación: “Si hubo un error colectivo, fue tratar estos casos como incidentes aislados cuando en realidad reflejan un riesgo sistémico, y quizá incluso un código de silencio sistémico”.
El plan que impulsa el ayuntamiento incluye una revisión profunda de los procedimientos de selección y formación de asistentes escolares, la creación de canales más claros y accesibles para denunciar abusos, y el compromiso de brindar información oportuna y completa a las familias. El objetivo es reconstruir la confianza en el sistema y garantizar que las advertencias no queden desoídas.
- Refuerzo de los controles de antecedentes y evaluación psicológica de los monitores.
- Capacitaciones obligatorias en prevención de abusos y detección temprana de señales de violencia.
- Protocolos unificados para actuar frente a denuncias y para informar a los padres.
- Supervisión más estricta en jardines y escuelas infantiles, donde los niños son más vulnerables.
“La ira de las familias es legítima. Debemos garantizarles transparencia total y un entorno seguro para sus hijos”, sostuvo Emmanuel Grégoire.
Mientras organizaciones de padres y especialistas en protección de la infancia reclaman que se avance también a nivel nacional con políticas más estrictas, el caso de París vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado en la prevención y detección de abusos en ámbitos educativos y recreativos, un tema que resuena más allá de Francia y que interpela a sistemas escolares de todo el mundo.
