Un mes de incertidumbre en el complejo Estación Buenos Aires
NewsITe
A un mes del derrumbe de la losa en el estacionamiento subterráneo del complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios, unas 300 familias siguen atravesadas por la incertidumbre. La madrugada del 3 de marzo marcó un antes y un después en la vida de los vecinos del sector 2, ubicado sobre la calle Mafalda 907, a pocas cuadras de las canchas de Huracán y Barracas Central.
A las 4 de la mañana, la losa del subsuelo cedió y provocó el hundimiento de uno de los patios internos. Los escombros arrasaron con los vehículos estacionados y obligaron a una evacuación de urgencia en medio del pánico generalizado. Muchas personas salieron con lo puesto, sin poder rescatar pertenencias básicas, mientras intentaban entender qué había pasado con el edificio al que habían accedido a través del programa PROCREAR durante el gobierno de Alberto Fernández.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofreció alojamiento transitorio en el Hotel Las Américas y otros establecimientos, pero la solución distó de ser integral. Varias familias no pudieron ingresar con sus mascotas y muchas tienen hijos con discapacidad o cuadros de autismo, lo que sumó un fuerte impacto emocional a la pérdida material. A un mes del siniestro, buena parte de esos hogares sigue desarmada, entre valijas, habitaciones prestadas y una vida en pausa.
Evacuaciones preventivas y dudas sobre la seguridad
En las últimas semanas, los vecinos de la torre A, sector 2 de Estación Buenos Aires, fueron nuevamente evacuados de manera preventiva a partir de la denuncia por una ventana que se dobló. La situación encendió alarmas entre los residentes, que temen una falla estructural más extensa. Ante el aviso, intervinieron la constructora COSUD, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia (DGGAYE) y otros organismos técnicos de la Ciudad.
En un comunicado oficial, se aclaró que el desperfecto detectado “no tiene vinculación alguna con el derrumbe de un sector del subsuelo del 3 de marzo” y que la ventana dañada responde a una “modificación de proyecto ejecutada por terceros, ajenos a COSUD, luego de la finalización de la obra”. Pese a esa explicación, la confianza de los vecinos quedó dañada y muchos aseguran que temen volver a dormir en sus departamentos.
Acciones legales y defensa de la constructora COSUD
El abogado Fernando Burlando tomó la representación de alrededor de 200 damnificados, junto con su colega Gabriel Fiedotin. Ambos pidieron imputar a los responsables de la constructora Sudamericana S.A. (COSUD) y al Banco Hipotecario, entidad vinculada al fideicomiso que administró el proyecto inmobiliario. Según los letrados, ya existen elementos de prueba suficientes para avanzar a una nueva etapa en la causa y establecer responsabilidades penales y civiles.
Desde COSUD, en tanto, difundieron un comunicado en el que enumeran las medidas adoptadas desde el día del siniestro. La firma asegura que, desde el primer momento, organizó la logística de evacuación y financió el alojamiento y la alimentación de unas 300 personas y más de 50 mascotas. También informó que presentó, en menos de 24 horas, un Plan de Acción para asegurar la estabilidad estructural del complejo, con la intervención de un especialista independiente, aprobado por la DGGAYE el 4 de marzo.
Servicios restablecidos y un regreso lleno de temores
La estructura dañada fue apuntalada y, tras inspecciones técnicas, la DGGAYE levantó el 18 de marzo la clausura preventiva del edificio, con excepción del estacionamiento subterráneo. Con autorización de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, los vecinos comenzaron a regresar de manera paulatina para retirar pertenencias y, en algunos casos, para volver a habitar sus departamentos.
- COSUD afirma que más del 90% de las unidades ya cuentan con luz, gas y agua habilitados.
- En los casos restantes, los propietarios deben gestionar con las empresas prestadoras el restablecimiento de los servicios.
- La firma menciona 11 familias con “necesidades especiales” que siguen con alojamiento alternativo.
“No existen impedimentos para que tanto los sectores comunes como los departamentos cuenten con la totalidad de los servicios”, remarcó la constructora en su descargo.
Pese a las aclaraciones oficiales y al avance administrativo para normalizar el edificio, lo cierto es que, a un mes del derrumbe, no hay detenidos ni imputados formales. Las familias afectadas reclaman certezas: garantías reales de seguridad para volver a sus hogares, explicaciones técnicas transparentes y responsabilidades claras sobre lo ocurrido. Mientras tanto, conviven con el miedo a un nuevo incidente y con la sensación de haber visto truncado un proyecto de vida que muchos soñaron durante años.
