La resolución que desató el conflicto con el campo
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En marzo de 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la Resolución 125, un esquema de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas que rápidamente se convirtió en el epicentro de una de las mayores crisis políticas y sociales de la Argentina reciente. La medida, impulsada por el entonces ministro de Economía Martín Lousteau, buscaba atar el nivel de retenciones al precio internacional de los granos, en especial la soja.
El mecanismo establecido por la 125 proponía que, a medida que subiera la cotización internacional, también aumentara la alícuota que se quedaba el Estado. Es decir, el fisco capturaba una porción creciente de la renta extraordinaria derivada de los mejores precios externos. El Gobierno defendió la iniciativa como una herramienta para redistribuir el ingreso y desacoplar los valores internos de los alimentos respecto de la fuerte suba de precios globales registrada en aquel momento.
Del otro lado, las entidades agropecuarias interpretaron la norma como un golpe directo a la rentabilidad del productor. Argumentaban que el esquema quitaba previsibilidad, hacía inviables muchos planteos productivos y volvía “confiscatoria” la presión fiscal sobre el sector. La reacción fue inmediata: comenzaron paros agrarios, cese de comercialización y una sucesión de cortes de ruta que afectaron el abastecimiento de alimentos en distintos puntos del país.
Durante 127 días, la tensión entre el Ejecutivo y el campo escaló en las rutas, en las ciudades y en los medios de comunicación, con actos masivos, cacerolazos y contramarchas oficialistas. La disputa dejó expuestas diferencias profundas sobre el rol del sector agroexportador en la economía, el alcance de la intervención estatal y el uso de las retenciones como herramienta de política pública.
Del conflicto en las rutas al histórico voto de Julio Cobos
Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno decidió enviar la Resolución 125 al Congreso para su tratamiento legislativo. Tras un debate intenso en Diputados y un país polarizado, la tensión se trasladó al Senado, donde la votación terminó empatada en la madrugada del 17 de julio de 2008.
El desempate quedó en manos del entonces vicepresidente Julio Cobos, que presidía la Cámara alta. En una sesión que quedó grabada en la memoria política argentina, Cobos se pronunció en contra del proyecto oficial. “Mi voto no es positivo”, anunció, y con esa frase selló la caída de la resolución y un quiebre dentro del propio oficialismo.
- La 125 planteaba un esquema de retenciones móviles atadas al precio internacional de la soja y otros granos.
- El conflicto se extendió por 127 días, con paros, protestas y cortes de rutas en todo el país.
- El Senado rechazó la medida tras el voto decisivo de Julio Cobos en la madrugada del 17 de julio de 2008.
“Mi voto no es positivo” — Julio Cobos, vicepresidente de la Nación, al rechazar la Resolución 125 en el Senado, el 17 de julio de 2008.
A más de una década y media de aquellos hechos, la Resolución 125 sigue siendo un punto de referencia obligado para entender la relación entre el Estado y el sector agropecuario, así como los límites políticos y sociales a las políticas de fuerte intervención en los mercados agrícolas.
