Una acreedora de Adorni figura como beneficiaria de un programa cultural porteño
NewsITe
La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo frente de controversia. Una de las jubiladas que figura como acreedora en la hipoteca con la que el funcionario adquirió un departamento en el barrio porteño de Caballito habría tramitado un beneficio cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destinado a sectores de ingresos limitados.
Se trata de Claudia Sbabo, quien aparece, junto a Beatriz Viegas, como prestamista en la operación inmobiliaria que permitió a Adorni comprar en noviembre de 2025 una propiedad valuada en alrededor de US$ 230.000. De acuerdo con documentación a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, la mayor parte de ese monto –unos US$ 200.000– se financió mediante una hipoteca no bancaria en dólares, en la que ambas mujeres figuran como acreedoras por US$ 100.000 cada una.
Según consta en la escritura, el inmueble quedó inscripto a nombre de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, con una participación del 50% para cada uno. La hipoteca cubrió así cerca del 87% del valor total de la operación, un porcentaje elevado para una financiación privada entre particulares, lo que ya había generado interrogantes sobre el origen de los fondos y la capacidad económica de las presuntas prestamistas.
El dato que ahora se incorpora al expediente público es que Sbabo, una de las acreedoras, habría gestionado en 2025 el acceso al programa Pase Cultural del Gobierno porteño, que otorga un beneficio mensual de $60.000 para el consumo en espacios y actividades culturales. Este programa está orientado, entre otros grupos, a personas mayores de 60 años con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y jubilaciones de hasta $600.000 mensuales, sin contar el aguinaldo.
De acuerdo con la información oficial disponible en el sitio del Ejecutivo porteño, el Pase Cultural funciona mediante una tarjeta que se recarga con saldo para utilizar en salas de cine, teatros, librerías y otros comercios adheridos al circuito cultural local. La inclusión de Sbabo dentro del universo de beneficiarios definidos como de ingresos acotados alimentó las dudas sobre cómo una jubilada con ese perfil habría podido prestar, al menos en los papeles, una suma cercana a los US$ 100.000.
Más interrogantes sobre la red de vínculos y el patrimonio del funcionario
La exposición de estas inconsistencias derivó en nuevas exigencias de aclaraciones hacia el jefe de Gabinete y su entorno. Distintos medios consultaron a las dos mujeres mencionadas en la documentación, pero ambas evitaron confirmar públicamente un vínculo personal o comercial con Adorni, lo que disparó especulaciones sobre la verdadera naturaleza del acuerdo hipotecario.
- La operación de compra del departamento se realizó en noviembre de 2025 por unos US$ 230.000.
- La hipoteca privada fue por US$ 200.000, a nombre de dos acreedoras jubiladas.
- Una de ellas habría accedido a un programa cultural pensado para jubilaciones de hasta $600.000.
- El inmueble quedó dividido en partes iguales entre Adorni y su esposa.
La revelación del beneficio cultural solicitado por una de las presuntas prestamistas reavivó los cuestionamientos sobre el origen de los fondos y la transparencia de las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete.
La controversia se inscribe en un clima de mayor escrutinio sobre la evolución patrimonial de los funcionarios nacionales y el origen de los recursos que intervienen en sus inversiones. En el caso de Adorni, las dudas no sólo alcanzan al monto de la hipoteca y la identidad de las acreedoras, sino también a la eventual incompatibilidad entre la situación económica declarada por una jubilada beneficiaria de programas sociales y la capacidad para financiar un crédito en dólares de seis cifras.
Mientras crecen los pedidos de explicaciones formales y precisiones documentales, la discusión vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia, control de conflictos de interés y trazabilidad de los fondos involucrados en las operaciones patrimoniales de quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en el Estado.
