Ávila queda al frente de Minería en un Congreso reordenado por La Libertad Avanza

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La diputada catamarqueña Fernanda Ávila será propuesta este martes para encabezar la estratégica comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en un movimiento que consolida el entendimiento político entre el Gobierno nacional y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y que es visto como un guiño directo a las provincias con fuerte perfil minero.
La propuesta llegará de la bancada oficialista de La Libertad Avanza, que desde diciembre retomó el control de la agenda parlamentaria tras el triunfo electoral de octubre. Con el reparto de las principales comisiones entre el oficialismo y sus aliados provinciales y del PRO, la Casa Rosada busca garantizarse margen de maniobra para avanzar en su programa de reformas.
La comisión de Minería fue convocada para las 15.30, según figura en la página oficial de la Cámara baja, con el objetivo de designar a sus nuevas autoridades. Tradicionalmente, este cuerpo es conducido por legisladores de Catamarca o San Juan, las dos provincias que concentran gran parte de las inversiones en el sector y que impulsan, entre otros temas sensibles, la reforma de la ley de Glaciares para facilitar proyectos de gran escala.
El peso de Catamarca y el armado de poder en Diputados
Con la llegada de Ávila a la presidencia de Minería, el espacio Elijo Catamarca profundiza su influencia en áreas clave del Congreso. El bloque ya controla las vicepresidencias de las comisiones de Obras Públicas y Turismo, y ahora suma la comisión que representa la principal prioridad institucional de Jalil, en un contexto de crecimiento de la minería de litio, cobre y oro en el NOA.
En el Senado, la vicepresidencia de la comisión de Minería está en manos del radical catamarqueño Flavio Fama, lo que completa un esquema donde los referentes de esa provincia refuerzan su protagonismo en la discusión sobre el modelo de desarrollo minero y el futuro marco regulatorio del sector.
Juicio Político, Libertad de Expresión y otras comisiones clave
Mientras se define la conducción de Minería, el oficialismo también avanza en el reordenamiento de otras comisiones consideradas sensibles. La de Juicio Político tiene previsto elegir autoridades a las 17.45, donde La Libertad Avanza impulsará a la diputada libertaria Lilia Lemoine como presidenta, una de las figuras más cercanas al presidente Javier Milei y a su hermana Karina.
En la Casa Rosada admiten que el objetivo es blindar políticamente ese cuerpo hasta el final del mandato, siguiendo la tradición de todos los gobiernos de minimizar el riesgo de pedidos opositores de remoción del jefe de Estado. La designación de Lemoine, que cuenta con el aval del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, permitirá normalizar una comisión que arrastraba meses de parálisis tras la fallida designación de autoridades en abril de 2024.
Además, La Libertad Avanza conservará el control de la comisión de Libertad de Expresión, donde propondrá como presidente al diputado bonaerense Guillermo Montenegro. El legislador, que en un primer momento orbitó cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel, terminó alineado con el oficialismo luego del fuerte cortocircuito político entre Milei y la titular del Senado.
En paralelo, la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento también quedará bajo influencia del oficialismo. Allí se prevé que la presidencia sea ocupada por la abogada y ex subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo. Este cuerpo fue conducido hasta diciembre por la ex diputada del PRO Silvia Lospennato y tuvo fuerte exposición pública por el debate sobre la fallida comisión investigadora Libra, lo que explica el interés del Gobierno en asegurarse su control.
Con el desembarco de Fernanda Ávila en Minería y el reparto de comisiones estratégicas, La Libertad Avanza refuerza su capacidad de ordenar el Congreso y de incidir en debates clave como la minería, la institucionalidad y la libertad de expresión.
El nuevo mapa de poder en Diputados dejará a las provincias mineras, especialmente Catamarca y San Juan, en una posición inmejorable para influir en la letra fina de futuras normas sobre inversiones, ambiente y desarrollo productivo, en un escenario de creciente disputa por los recursos naturales.

