La Justicia salteña avanza sobre una polémica boda en área protegida
NewsITe
La Justicia de Salta investiga las responsabilidades penales y contravencionales detrás de una llamativa boda realizada en plena Quebrada de las Conchas, en Cafayate, un área natural protegida donde no estaba permitido llevar a cabo este tipo de eventos. La pareja que celebró el casamiento fue identificada como Nicole Pocoví y Federico Maran.
La Fiscal Penal de Cafayate, Sandra Rojas, abrió una causa para determinar si se utilizó un permiso apócrifo para justificar la realización de la ceremonia en ese sector de la Ruta Nacional 68. El documento habría sido presentado como autorización válida del Ministerio de Producción y Minería provincial, pero su autenticidad está bajo sospecha.
En paralelo, la Unidad Fiscal Contravencional emitió directivas por la presunta infracción a las normas administrativas que rigen el uso de áreas protegidas. El objetivo es establecer si quienes organizaron el evento incumplieron deliberadamente los procedimientos exigidos para este tipo de actividades en un entorno ambientalmente sensible.
Qué se investiga y por qué preocupa el caso
De acuerdo con la información recabada por la Agencia Noticias Argentinas, la pesquisa apunta a definir eventuales responsabilidades tanto en el plano penal como en el contravencional. El foco está puesto en la protección del orden público y, especialmente, en la preservación del patrimonio natural de la Quebrada de las Conchas, un paisaje emblemático del norte del país.
La denuncia fue impulsada por autoridades de Cafayate después de que se viralizaran en redes sociales imágenes y videos de la boda. A partir de ese material se iniciaron actuaciones administrativas y luego se dio intervención a la Justicia para que investigue cómo se autorizó —o si se intentó simular una autorización— para el evento.
Desde el municipio advirtieron que en el paraje La Punilla, dentro de la Quebrada de las Conchas, no se permiten celebraciones masivas ni eventos privados sin un permiso específico. Entre los argumentos, remarcaron que el uso de luces y sonido de alta potencia altera la conducta de la fauna autóctona y que el tránsito de numerosas personas y estructuras temporales puede acelerar la erosión de las formaciones rocosas características de la zona.
El marco legal que protege la Quebrada de las Conchas
Las actividades dentro de las áreas naturales protegidas de Salta están reguladas por la Ley Nº 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Ambas normas establecen que cualquier intervención debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa y documentación técnica que acredite que el evento no pone en riesgo el ecosistema.
- Evaluación de impacto ambiental obligatoria antes de autorizar actividades.
- Presentación de documentación técnica y verificación de condiciones del sitio.
- Restricciones específicas al uso de iluminación, sonido y estructuras en la zona.
“Cualquier intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio”, recordaron las autoridades al fundamentar la denuncia.
Mientras avanza la investigación judicial, el caso reabre el debate sobre el uso turístico y recreativo de las áreas protegidas y la necesidad de compatibilizar el disfrute del paisaje con la preservación a largo plazo de uno de los escenarios naturales más valiosos de Salta.
