El Juzgado de Garantías Nº 1 a cargo del Dr Román Parodi desestimó el planteamiento de la defensa del policía acusado y consideró que existían pruebas suficientes para elevar a juicio oral y público la causa por el homicidio de Ezequiel Abel Corbalán, de 30 años, y Ulises Nicolás Rial, de 25. Los jóvenes murieron atropellados por un patrullero que los habría perseguido por violar el aislamiento obligatorio. En el banquillo de los acusados estará sentado Pablo Nicolás Moresco, agente de la Unidad Policial de Prevención Local. Aún no se determinó cuándo comenzará el debate por el homicidio que sacudió a la ciudad en plena pandemia.
De la Redacción de El Norte
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El luctuoso hecho que estará próximamente en el debate de la Justicia se registró alrededor de las 3 de la madrugada del lunes 1° de junio de 2020, cuando Corbalán y Rial se desplazaban a bordo de una moto Corven 150 cc. En ese momento habrían sido interceptados para su identificación por efectivos que se desplazaban en un patrullero porque estarían violando el aislamiento preventivo obligatorio.
El conductor de la moto habría acelerado rápidamente, por lo que los agentes policiales comenzaron un operativo cerrojo y los habrían perseguido unas cuadras hasta las calles Carbajo y Piaggio del barrio San Martín.
En ese lugar el patrullero conducido por Moresco habría chocado de frente a la moto. Ambos tripulantes, que no tendrían los cascos colocados, cayeron contra el asfalto.
Rial murió prácticamente en el acto y Corbalán quedó internado en grave estado en el Hospital San Felipe, donde finalmente el 5 de junio falleció producto de las lesiones sufridas.
Resultado de las pericias
Una prueba fundamental para el expediente judicial fue aportada por la pericia accidentológica realizada por Gendarmería Nacional que fue concordante con la conclusión del perito de parte ofrecido por la Comisión Provincial por la Memoria, el ingeniero Jorge Geretto. En sus conclusiones afirman que la “causa basal del accidente resulta la interposición por circulación en contramano del móvil en la trayectoria de circulación de la motocicleta”.
Tres meses después de conocerse el contundente informe pericial, el titular de la UFI N° 6, Rubén Giagnorio, citó a declaración indagatoria a Pablo Moresco. Según el fiscal, el policía sabía que podía causar la muerte y, sin embargo, actuó sin importarle el daño que su maniobra podía ocasionar a la integridad física de los jóvenes.
Cambio de carátula
Luego de la indagatoria, el fiscal pidió el procesamiento del oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, imputado por homicidio simple. En ese momento también requirió su detención, ya que seguía en libertad e incluso, prestando servicio en la fuerza policial.
A pesar de la gravedad del delito imputado y de tratarse de un funcionario público, el juez de Garantías Ramón Parodi entendió que no había riesgo de fuga ni peligro procesal y decidió rechazar el pedido de detención.
Finalmente, y luego de recopilada la prueba el fiscal Darío Giagnorio, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de San Nicolás, le solicitó al juez de Garantías 1, Román Parodi, que el policía acusado sea juzgado por “homicidio con dolo eventual”.
En su escrito, el fiscal dejó asentado que “el oficial de policía Pablo Moresco, al mando de un móvil de la fuerza policial, dio muerte a Ulises Rial y a Ezequiel Corbalán interponiéndose sorpresivamente a contramano y a sabiendas de que las balizas del móvil no funcionaban”.
Para el funcionario judicial, el policía cruzó su móvil de carril “sin darle importancia al daño que su accionar policial podía causar en la integridad física de los ocupantes del rodado de menor porte”, por lo que “violó su deber de actuar conforme al principio de racionalidad que debe primar en su accionar”.
Además, a partir de declaraciones de testigos, la fiscalía logró determinar que el patrullero iba a unos 20 kilómetros por hora cuando se cruzó de carril y que “el móvil se encontraba sin la sirena” y “con las balizas apagadas” al momento de la persecución y el posterior impacto.
Omar Bazán
A su vez, las familias pidieron la imputación de Omar Bazán que acompañaba a Moresco, de quien se pudo extraer durante las pericias telefónicas un mensaje que le envió durante la noche del hecho a su compañero en el que lo tranquilizaba diciéndole que harían pasar el hecho como “un accidente” y “nadie iría preso”.
Ese mensaje se suma a algunos testimonios de vecinos del barrio que denunciaron que “los policías habrían movido los cuerpos, modificado la configuración de la escena y que les habrían ordenado que ingresaran a sus viviendas mientras lo hacían”.
Finalmente Bazán no resultó imputado.
Las madres de las víctimas fueron representadas por la CPM que consideró necesario “inscribir el hecho como un caso de violencia estatal y uso letal de la fuerza”.
