Rafecas reivindicó los juicios de lesa humanidad y pidió no dar por cerrada la etapa
NewsITe
En el marco de un nuevo Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, el juez federal Daniel Rafecas advirtió que el proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura cívico-militar en la Argentina “no está del todo terminado”, a pesar de que, según remarcó, “la mayor parte esté hecha”. Sus declaraciones se dieron en una entrevista radial en la que repasó el alcance de las causas por violaciones a los derechos humanos que instruyó en los últimos años.
Rafecas, a cargo de la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, detalló que logró llevar a juicio a unos 250 represores, entre militares, integrantes de fuerzas de seguridad y otros partícipes del aparato represivo. A lo largo de la instrucción, indicó, se recibieron más de 2.000 testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas, testigos y especialistas.
El magistrado remarcó la complejidad probatoria de hechos ocurridos hace más de cuatro décadas. “Son hechos que ocurrieron hace 45 años. No son perfectos. Si fueran perfectos es motivo de sospecha”, explicó, en alusión a la inevitable existencia de vacíos, contradicciones y limitaciones en los relatos, y subrayó que el trabajo judicial se apoya en el entrecruzamiento de múltiples declaraciones y documentos para reconstruir lo ocurrido en los centros clandestinos de detención.
En ese sentido, señaló que la mayoría de los imputados se negó a declarar durante los procesos, pero destacó que hubo un grupo minoritario de represores que sí lo hizo y llegó a reconocer la cadena de mandos y la responsabilidad de sus superiores. “Eso es muy valioso”, sostuvo, porque permite fortalecer la prueba sobre la estructura organizada de persecución ilegal que funcionó bajo el control del Estado durante la dictadura.
Los vuelos de la muerte y el número de desaparecidos
Rafecas también se refirió al drama de los desaparecidos y explicó que la dificultad para precisar una cifra definitiva está ligada, entre otros factores, a los llamados “vuelos de la muerte”. Estas operaciones clandestinas consistían en arrojar personas vivas o semiconscientes al mar o a los ríos desde aeronaves del Ejército y otras fuerzas, un método ya acreditado en distintas causas judiciales.
- Víctimas arrojadas al mar o a cursos de agua desde aviones o helicópteros.
- Prácticas destinadas a evitar que los cuerpos fueran hallados o identificados.
Según reconstruyó el juez, en muchos de estos vuelos se abría el abdomen de las víctimas y se las ataba a elementos pesados, con el objetivo de impedir que los cuerpos flotaran y fueran recuperados. Indicó además que la mayoría era arrojada en estado semiconsciente, lo que derivaba en muertes por el impacto contra el agua o por ahogamiento, en un intento deliberado de borrar huellas y obstaculizar futuras investigaciones.
Guerrilla, justicia y memoria democrática
Consultado sobre el discurso que busca equiparar la represión ilegal del Estado con las acciones armadas de organizaciones como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Rafecas recordó que los integrantes de estos grupos también fueron sometidos a procesos judiciales durante la democracia. Sus principales dirigentes, puntualizó, fueron condenados en tribunales ordinarios, aunque luego muchos de ellos resultaron beneficiados por los indultos otorgados durante el gobierno de Carlos Menem en la década de 1990.
“A las guerrillas también se las juzgó y sus cúpulas fueron condenadas. Lo que ocurrió después fueron decisiones políticas de indulto, no ausencia de justicia”, enfatizó Rafecas, al remarcar la diferencia entre el accionar de los grupos armados y el terrorismo de Estado desplegado desde las instituciones.
En este contexto, el juez insistió en que los juicios de lesa humanidad, impulsados a partir de la anulación de las leyes de impunidad, constituyen un pilar de la democracia argentina y una referencia internacional en materia de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, subrayó que aún quedan causas en trámite y responsabilidades por establecer, por lo que consideró imprescindible sostener el compromiso institucional y social con la investigación de los crímenes de la dictadura.
