Proyecto en México que toma como referencia el caso de la cantante argentina
NewsITe
La denominada “Ley Cazzu” se instaló en las últimas horas en el debate público de México y la región, a partir de un proyecto legislativo presentado en el Congreso del estado de Michoacán. La iniciativa apunta a limitar el poder de madres y padres que no cumplen con sus responsabilidades parentales, especialmente cuando utilizan la patria potestad como herramienta de control sobre hijas e hijos.
El nombre del proyecto hace referencia a la artista argentina Cazzu, Julieta Cazzuchelli, quien hizo públicos sus conflictos legales con el cantante mexicano Christian Nodal, padre de su hija Inti. En un podcast, la trapera relató dificultades para obtener permisos de viaje y cumplir con compromisos laborales junto a la niña, lo que derivó en una discusión más amplia sobre el uso de la patria potestad en contextos de conflicto entre adultos.
La propuesta legislativa pone el foco en el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes. El objetivo es que, cuando exista un progenitor que no asume sus obligaciones –por ejemplo, en materia de cuota alimentaria o crianza cotidiana–, esa persona no pueda bloquear decisiones clave como la tramitación de pasaportes o la autorización de viajes al exterior o dentro del país.
Qué propone concretamente la llamada Ley Cazzu
El proyecto fue impulsado por la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México, y se presentó en el marco del Día Internacional de la Mujer. La legisladora sostuvo que la iniciativa busca priorizar la protección de las infancias y garantizar sus derechos por encima de los conflictos entre progenitores.
La “Ley Cazzu” contempla una reforma del artículo 4º de la Constitución mexicana, con la intención de reforzar el principio del interés superior del niño como rector de todas las decisiones que los involucren. En esa línea, plantea que los deudores alimentarios no puedan obstaculizar trámites esenciales para la vida cotidiana de sus hijas e hijos, como la obtención de documentos o las autorizaciones de viaje.
Además, propone la creación de mecanismos ágiles para que el progenitor a cargo pueda gestionar la movilidad de los menores sin quedar atado al consentimiento de quien incumple sus obligaciones. La lógica del proyecto es que la falta de responsabilidad parental no se traduzca en un poder de veto sobre la vida de niñas, niños y adolescentes.
El caso Cazzu–Nodal y el trasfondo social del debate
La situación personal de Cazzu fue uno de los disparadores del debate. La artista describió episodios de tensión durante instancias de mediación con el entorno legal de Christian Nodal, y señaló que esos conflictos impactaron directamente en la posibilidad de trasladarse con su hija para cumplir con giras y presentaciones.
Desde el entorno de Nodal, en cambio, negaron haber bloqueado permisos y remarcaron que los acuerdos deben tomarse entre ambas partes, subrayando el carácter confidencial de las mediaciones judiciales. Más allá de la disputa puntual, el caso puso en evidencia una problemática recurrente: cómo se usan las herramientas legales de la patria potestad en medio de separaciones conflictivas.
En ese marco, la “Ley Cazzu” se presenta como una propuesta que trasciende el mundo del espectáculo y apunta a modificar la forma de entender la responsabilidad parental en México. El debate combina aspectos jurídicos, sociales y de género, y reabre la discusión sobre cómo garantizar efectivamente los derechos de la niñez frente a los desacuerdos de los adultos.
La iniciativa propone que la patria potestad deje de ser un instrumento de presión entre progenitores y se enfoque en asegurar el bienestar y la movilidad de niñas, niños y adolescentes.
Si avanza en el Congreso, la iniciativa podría convertirse en un antecedente relevante para otras jurisdicciones de la región que discuten mecanismos para sancionar a deudores alimentarios y evitar que el incumplimiento de sus deberes se traduzca en un obstáculo para el desarrollo de las infancias.
