Detienen a una pareja acusada de montar falsas ofertas laborales mineras

NewsITe
Una pareja fue detenida en la provincia de Salta sospechada de liderar una maniobra de estafas masivas mediante falsas ofertas de trabajo vinculadas a proyectos mineros. De acuerdo con la investigación, habrían montado un entramado de empresas sin registración formal para captar víctimas y exigirles pagos en concepto de supuestos trámites de ingreso laboral.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que este miércoles por la mañana allanó dos domicilios y logró la detención de un hombre y una mujer. La causa se originó el 27 de febrero pasado, a partir de una primera denuncia, y desde entonces se acumularon al menos 31 presentaciones de damnificados que aseguraron haber sido contactados con promesas de incorporación inmediata a empleos mineros.
Según un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Salta, la principal sospechosa se presentaba como profesional del área técnica, utilizando títulos y credenciales que no pudo acreditar. Bajo esa fachada, ofrecía participar en obras y proyectos vinculados con empresas del sector minero, lo que generaba confianza entre quienes buscaban una salida laboral.
Empresas fantasma y promesas de trabajo minero
En el avance de la pesquisa, los investigadores detectaron que la mujer promovía la creación de distintas estructuras comerciales que se utilizaban como pantalla. Entre las firmas identificadas figuran Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, todas presuntamente utilizadas para convocar personal, emitir documentación relacionada con procesos de selección y sostener la apariencia de una operatoria empresarial legítima.
Las convocatorias estaban dirigidas a profesionales y trabajadores calificados: ingenieros, topógrafos, operarios y otros perfiles vinculados al desarrollo de proyectos mineros. A todos se les ofrecía la posibilidad de ser contratados en obras que supuestamente estaban asociadas a reconocidas compañías del sector, tanto nacionales como extranjeras, lo que reforzaba la credibilidad del ofrecimiento.
Cómo era el presunto mecanismo de estafa
De acuerdo con la investigación, el engaño se completaba al exigir a los postulantes el pago de sumas de dinero por “trámites administrativos”, “gestión de legajos”, “estudios preocupacionales” u otros conceptos vinculados al supuesto proceso de contratación. Los pagos se realizaban mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, una maniobra que, según los pesquisas, habría tenido el objetivo de dificultar la trazabilidad de los fondos.
- Uso de empresas sin registración formal o sin publicaciones en el Boletín Oficial.
- Convocatorias difundidas por redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web de Rimay Group S.R.L.
- Solicitud de pagos previos para avanzar en el supuesto proceso de selección.
- Transferencias a múltiples cuentas bancarias de terceros para dispersar el dinero.
La investigación también reveló que muchas de las sociedades utilizadas no contaban con la registración necesaria ni con la publicación de sus contratos sociales en el Boletín Oficial, lo que impide acreditar su constitución definitiva. Esta irregularidad encendió aún más las alarmas de los investigadores, que comenzaron a vincular estas estructuras con maniobras similares en otras jurisdicciones del país.
“Muchos denunciantes llegaron a renunciar a sus empleos formales, convencidos de que serían incorporados a proyectos mineros que nunca existieron”, advirtieron fuentes judiciales consultadas.
Ese dato es considerado especialmente grave por los investigadores, ya que agrava el perjuicio económico y personal sufrido por las víctimas. En las últimas horas se realizaron allanamientos que derivaron en la detención de la pareja y en el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.
Para evitar que las empresas pantalla continúen operando y captar nuevas víctimas, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó la inmovilización de ocho cuentas bancarias vinculadas a la organización investigada. La causa seguirá su curso con nuevas medidas probatorias y no se descarta la aparición de más damnificados en los próximos días.

