La Ley 27.801 fue publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia dentro de 180 días. La norma establece nuevas penas, programas de reinserción y la creación de institutos especializados.
El Gobierno de Javier Milei promulgó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entre otros aspectos establece que la edad de imputabilidad será a partir de los 14 años. La medida quedó oficializada con la publicación de la Ley 27.801 en el Boletín Oficial.
La norma había sido sancionada por el Senado de la Nación durante el mes de febrero y, según el texto oficial, entrará en vigencia dentro de 180 días.
El documento establece el alcance de la nueva legislación para adolescentes imputados por delitos. “El objeto de la presente ley es el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los catorce (14) años de edad hasta las cero (0) horas del día en que cumplan dieciocho (18) años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
El Poder Ejecutivo argumentó que el objetivo de la norma es promover la responsabilidad legal de los adolescentes frente a los delitos cometidos y favorecer su proceso de reinserción social.
“El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito y, mediante las medidas establecidas en la presente ley”, expresaron en la publicación oficial.
La ley promulgada lleva las firmas de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel y Martín Menem.
Penas, reinserción y nuevos institutos
El régimen contempla diferentes medidas según la gravedad del delito. Para los casos con penas de hasta tres años de prisión y para delitos con penas de entre tres y diez años —cuando no incluyan muerte o lesiones graves—, la norma establece alternativas como prisión domiciliaria, tareas comunitarias, prohibición de conducir o reparaciones económicas.
La legislación también fija una reducción en la pena máxima de prisión para delitos graves. El límite baja de 20 años a 15 años para casos como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
Además, el texto prevé la creación de institutos especiales destinados a alojar a los jóvenes que queden bajo este régimen penal. El personal que trabaje en estos espacios deberá estar especializado en infancia y adolescencia.
La normativa también establece que queda prohibido que los menores convivan con detenidos adultos.
Adaptación de las provincias
La promulgación de la ley invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a “adecuar la legislación procesal penal y las normas administrativas aplicables a los adolescentes”.
Para su implementación, el Gobierno asignó partidas por unos 23 mil millones de pesos durante el primer año de aplicación del régimen.
