La sesión extraordinaria estuvo atravesada por fuertes cruces políticos, el retiro de un bloque opositor y cuestionamientos al procedimiento, pero el oficialismo logró aprobar por mayoría el convenio con Ternium, que prevé una reducción de la tasa de Seguridad e Higiene y el cierre de los litigios judiciales.
Este miércoles se llevó a cabo una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de Ramallo para tratar el convenio firmado entre la Municipalidad de Ramallo y la empresa Ternium Argentina, en el marco del conflicto por el pago de la tasa de Inspección de Seguridad e Higiene que ambas partes mantienen desde hace casi una década.
El acuerdo había sido anunciado el lunes por el intendente Mauro Poletti en una conferencia de prensa, donde detalló los alcances del entendimiento y destacó los beneficios financieros para el municipio. La sesión fue convocada para que el cuerpo legislativo otorgara su aval definitivo y permitiera su implementación.
Sin embargo, el debate estuvo marcado por la falta de consenso entre oficialismo y oposición. Tras las reuniones de comisión, los bloques no lograron acordar un dictamen unificado. En ese contexto, el bloque Hechos resolvió no bajar al recinto como forma de protesta, cuestionando el procedimiento y el contenido del convenio.
Finalmente, el proyecto fue aprobado por mayoría con los votos del oficialismo, acompañados por Soledad Agotegaray, del bloque Juntos por Ramallo, y Germán Iribarria, de la vecinal 24 de Octubre.
El acuerdo establece una reducción de hasta el 40% en la tasa de Seguridad e Higiene para la empresa durante un período de dos años, con montos actualizados mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y contempla además el desistimiento de las demandas judiciales cruzadas.
Las objeciones del bloque Hechos
Desde temprano, la oposición había anticipado su rechazo. La presidenta del bloque Hechos, Cecilia Giammaria, sostuvo que el convenio “hipoteca los recursos de los ramallenses” y advirtió sobre sus consecuencias a mediano y largo plazo.
En declaraciones previas a la sesión, Giammaria explicó que el bloque no se opone al diálogo con la empresa, pero cuestionó el formato elegido. “Es un convenio entre partes que luego se pretende convalidar por ordenanza. Si se van a modificar artículos del Código Tributario, corresponde convocar a la Asamblea de Mayores Contribuyentes y hacerlo de manera transparente”, afirmó.
La concejala remarcó que el acuerdo fija condiciones excepcionales para un solo contribuyente hasta 2027, lo que, a su entender, puede sentar un precedente para otros reclamos similares. Además, denunció que Ternium quedaría eximida de tasas como la habilitación anual o derechos de construcción, mientras que pequeños comerciantes y emprendedores continúan afrontando cargas elevadas.
“Esto es jurídicamente cuestionable y genera una pérdida importante de recursos. Baja cerca del 40% la tasa sin que sepamos cuál fue la fórmula ni en qué se basó esa decisión”, sostuvo. En ese sentido, anticipó que el bloque evaluará recurrir a organismos de control y a la Justicia.
Giammaria también cuestionó la rapidez con la que se trató el tema y denunció presiones políticas. “No vamos a ser cómplices de un acuerdo que está fuera de regla. Queremos reglas claras e iguales para todos”, expresó.
La postura del oficialismo
Desde el Ejecutivo, el intendente Poletti defendió el entendimiento y aseguró que aportará previsibilidad y gobernabilidad. Según detalló, la empresa abonará alrededor de 725 millones de pesos mensuales durante 2026 y 2027, con actualización por IPC, y se avanzará en la regularización de la deuda correspondiente a 2025.
“El conflicto no le servía a nadie. Este acuerdo nos permite planificar, sostener los servicios y cumplir con los compromisos salariales”, afirmó. Además, destacó que los fondos permitirán afrontar obligaciones inmediatas y avanzar en obras públicas.
Con la aprobación del convenio, la gestión municipal busca cerrar una etapa de litigios y encarar el próximo bienio con mayor estabilidad financiera. No obstante, el debate dejó expuestas profundas diferencias políticas y anticipa nuevos cruces en torno al manejo de los recursos públicos en Ramallo.
