El Gobierno extiende el RIGI hasta 2027 y sumó más proyectos

El Ejecutivo amplía el plazo para grandes inversiones.

El Gobierno nacional oficializó la prórroga por un año del plazo de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y amplió el alcance del esquema para proyectos de petróleo y gas. La medida quedó establecida en el Decreto 105/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y busca sostener el flujo de inversiones de gran escala en sectores estratégicos de la economía argentina.

Con esta decisión, las empresas interesadas en acogerse a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI tendrán tiempo para adherir hasta el 8 de julio de 2027. Originalmente, el régimen tenía vencimiento previsto para este año. En la Casa Rosada señalan que la extensión apunta a acompañar la maduración de proyectos complejos, que demandan largos períodos de planificación, financiamiento y ejecución.

La prórroga fue anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en X, donde aseguró que el Gobierno “prorrogó por un año el RIGI y lo mejoró para hacerlo más claro y eficiente”. Según el funcionario, las modificaciones introducidas al régimen permiten ordenar su reglamentación, simplificar la implementación y dotar de mayor previsibilidad a las compañías interesadas.

En materia energética, el decreto incorpora nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de 600 millones de dólares en activos computables para proyectos costa adentro. Además, en el caso de las iniciativas costa afuera, se unificó el monto mínimo de inversión en 200 millones de dólares para las etapas exploratoria y productiva, en línea con el mayor nivel de riesgo, la intensidad de capital y los plazos de recuperación propios de este tipo de operaciones.

Más claridad regulatoria y foco en nuevos proyectos

El Gobierno destaca que desde su puesta en marcha el RIGI ya registra 10 proyectos aprobados por 25.479 millones de dólares, a los que se suman otros en evaluación. Para el Ministerio de Economía, este desempeño muestra que el régimen se consolidó como una herramienta central para atraer capitales cuando existen reglas estables y previsibles.

La nueva normativa actualiza definiciones clave para precisar qué tipo de proyectos califican dentro del RIGI y evitar interpretaciones ambiguas. El objetivo es garantizar que los beneficios se orienten a inversiones nuevas y significativas, y no a operaciones ya existentes. También se redefinió el concepto de “nuevo producto” para contemplar las particularidades del sector tecnológico, donde los ciclos de vida suelen ser breves y la innovación no siempre implica mayores volúmenes de producción.

Otro eje de los cambios apunta a facilitar el ingreso al régimen de empresas que ya operan en el país, pero que planean ampliaciones de escala relevantes. En esos casos, se establecen mecanismos de separación y trazabilidad para distinguir la actividad preexistente de la nueva inversión, evitando superposiciones y asegurando un control más estricto sobre el uso de los beneficios.

Beneficios y mejoras operativas del RIGI

El decreto también afina la operatoria vinculada a proveedores e importaciones asociadas a los proyectos de inversión. Se especifican con mayor detalle qué bienes pueden importarse, qué destino deben tener dentro del emprendimiento y qué documentación se exigirá para acreditar su uso, con el fin de reforzar la trazabilidad y los controles administrativos.

  • Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25% para los proyectos alcanzados.
  • Exención del pago de derechos de exportación sobre la producción contemplada en el régimen.
  • Posibilidad de computar y deducir el IVA aún antes del inicio formal de las operaciones.
  • Acceso a mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de controversias legales.

Con la extensión del plazo y la ampliación del alcance a nuevos proyectos de hidrocarburos, el Gobierno apuesta a consolidar un marco de largo plazo para inversiones intensivas en capital, especialmente en petróleo y gas. La expectativa oficial es que la combinación de estabilidad normativa, incentivos impositivos y mayor claridad regulatoria contribuya a acelerar proyectos que impacten en la generación de empleo, divisas y desarrollo productivo en distintas regiones del país.

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