Causa ANDIS: peritan celulares y servidores de Suizo Argentina

Causa ANDIS: avanza la pericia sobre la droguería Suizo Argentina

Servidores y dispositivos electrónicos bajo pericia en la causa ANDIS

NewsITe

La investigación judicial por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma un nuevo capítulo con la decisión de la Justicia Federal de avanzar sobre los servidores y dispositivos electrónicos vinculados a la droguería Suizo Argentina. La medida apunta a profundizar el análisis de mensajes, correos y documentación digital que podrían respaldar las acusaciones por sobreprecios, retornos y maniobras para beneficiar a proveedores específicos del Estado.

Fuentes judiciales indicaron que el foco de las pericias estará puesto en los teléfonos celulares y computadoras de los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker, propietarios de la droguería. Los investigadores buscan reconstruir el circuito de comunicaciones en torno a licitaciones, contrataciones y eventuales acuerdos indebidos que podrían haber favorecido a la firma en la adjudicación de contratos millonarios vinculados a la compra de medicamentos e insumos.

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En etapas previas de la causa, los peritos ya habían advertido dificultades técnicas para acceder al contenido de uno de los teléfonos, un dispositivo Samsung de última generación. Para sortear esas barreras de seguridad, el juzgado a cargo del magistrado federal Sebastián Casanello dispuso el uso de herramientas forenses especializadas, entre ellas el software Cellebrite, habitualmente empleado en investigaciones complejas para la recuperación y análisis de datos digitales.

Procesamientos y sospechas de coimas en contratos estatales

Hasta el momento, Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, incluidos exfuncionarios y empresarios. Entre ellos se encuentra el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, imputado por los delitos de asociación ilícita y fraude contra la administración pública. La hipótesis central de la causa sostiene que la droguería de los hermanos Kovalivker habría funcionado como intermediaria en el pago de coimas para asegurarse adjudicaciones a medida y contratos con el Estado por montos millonarios.

Los investigadores intentan determinar si existió un entramado estable de funcionarios y privados que, mediante retornos, sobreprecios y direccionamiento de licitaciones, garantizara la continuidad de negocios con fondos públicos destinados originalmente a políticas de inclusión y atención de personas con discapacidad.

Disolución de la ANDIS y derivaciones políticas

En paralelo al avance del expediente, el Gobierno nacional dispuso la disolución de la ANDIS y la transferencia de sus principales funciones al Ministerio de Salud, donde se creó la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad. Desde la administración del presidente Javier Milei argumentan que el rediseño institucional busca dotar de mayor transparencia y eficiencia a la gestión de recursos sensibles, en medio del fuerte impacto político y social que generaron las denuncias.

  • Las funciones centrales de la ANDIS pasaron a la órbita del Ministerio de Salud.
  • La nueva Secretaría Nacional de Discapacidad deberá administrar programas y prestaciones clave.

El caso también salpicó a figuras del entorno presidencial. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue mencionada en audios que circularon públicamente y que refieren presuntos porcentajes de retornos que habrían tenido como destino final a la hermana del mandatario. Desde la Casa Rosada y el círculo más cercano al jefe de Estado niegan de plano cualquier participación o beneficio irregular.

Mientras el oficialismo asegura que no le preocupan las investigaciones, la Justicia mantiene la lupa sobre el posible rol de personas de confianza del Gobierno, entre ellas Eduardo “Lule” Menem, señalado en el expediente como parte del esquema operativo.

Con la apertura de los dispositivos electrónicos de los directivos de Suizo Argentina, los investigadores esperan obtener información clave para corroborar o descartar la existencia de una red organizada de corrupción en la gestión de fondos vinculados a la discapacidad, en una causa que combina derivaciones judiciales, institucionales y políticas de alto voltaje.

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