Polémica por contrato millonario con entidad ligada a Sturzenegger
NewsITe
Un nuevo foco de controversia salpica al Ministerio de Relaciones Exteriores a partir de una adjudicación directa por más de $114 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), institución presidida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El centro de la crítica está puesto en el valor que la Cancillería pagará por cada hora de capacitación en inglés para su personal.
De acuerdo con el análisis de la Agencia Noticias Argentinas, el contrato firmado con la AACI contempla 594 horas de clases presenciales entre marzo y noviembre. El monto total implica que el Estado abonará $191.993 por cada hora cátedra destinada a la formación de empleados y diplomáticos, una cifra que, comparada con la escala salarial docente vigente, arroja diferencias extraordinarias.
Si se la mide frente a un docente que recién inicia su carrera, la brecha es contundente: la “Hora cátedra sin antigüedad” actualmente se ubica en $43.800,36. Eso significa que la Cancillería pagará cerca de $148.193 adicionales por cada hora, es decir, un 338% más que la tarifa de referencia, más de cuatro veces su valor base. El contraste también es fuerte cuando se mira el tope de la carrera docente.
En el escalafón más alto, una “Hora cátedra con mayor antigüedad” se paga $64.289,67. Incluso en ese escenario, el valor acordado con la AACI continúa muy por encima: la diferencia es de unos $127.703 por hora, lo que equivale a un 198% de sobreprecio respecto del salario máximo que percibe un profesor con la mayor trayectoria.
El argumento oficial: un “servicio integral” de capacitación
Desde los despachos oficiales y en la documentación del expediente se intenta justificar el monto adjudicado señalando que no se trata de una simple contratación de docentes por hora, sino de un paquete integral de servicios educativos. El valor de $191.993 por hora licitada incluiría, además de las clases presenciales, una serie de prestaciones asociadas a la capacitación.
Entre los elementos que la Cancillería incorpora en el contrato figuran la toma de hasta 80 exámenes de nivelación inicial, el acceso a plataformas virtuales de apoyo para los cursantes, el seguimiento de métricas de rendimiento, la emisión de certificaciones internacionales y la provisión de libros de texto originales de editoriales como Oxford y Cambridge para los 132 alumnos inscriptos en el programa.
- 594 horas totales de capacitación entre marzo y noviembre.
- Más de $114 millones adjudicados de manera directa a la AACI.
- $191.993 por cada hora de clase, muy por encima de la escala docente.
- 132 participantes previstos y hasta 80 exámenes de nivelación incluidos.
Cuestionamientos por transparencia y conflicto de interés
Aun con estas explicaciones, el elevado costo por hora encendió alarmas entre especialistas en gestión pública y sectores de la oposición, que reclaman mayor transparencia en los procesos de contratación, en especial cuando involucran a familiares directos de funcionarios del Gabinete nacional. La presencia de Rouillet, esposa de Sturzenegger, al frente de la entidad beneficiada agrega un elemento político a la discusión.
En el expediente se destaca la firma de un “Pacto de Integridad” como resguardo formal de buenas prácticas. No obstante, las críticas se enfocan en la vía de adjudicación directa, el nivel del precio pactado y la ausencia de una competencia más amplia que pudiera haber permitido comparar ofertas, condiciones y antecedentes de otras instituciones educativas especializadas en la enseñanza del inglés.
La disparidad entre el valor por hora que paga el Estado y la escala oficial docente volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de contratación pública, en un contexto de fuerte ajuste y demandas de austeridad en todas las áreas de la administración.
Mientras el Gobierno sostiene que la profesionalización del cuerpo diplomático requiere formación de excelencia y servicios académicos de nivel internacional, la controversia promete seguir en la agenda pública y legislativa, con pedidos de informes y reclamos para revisar procedimientos, montos y eventuales conflictos de interés en la relación entre la Cancillería y la AACI.
