Caso $LIBRA: qué puede pasar tras el cierre de la causa
NewsITe
La causa conocida como $LIBRA, que investiga una presunta criptoestafa vinculada a la promoción de una criptomoneda asociada a la figura del presidente Javier Milei y a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aún no está definitivamente cerrada. Pese al intento de clausura del expediente por parte de la fiscalía, dos caminos judiciales podrían reactivar la pesquisa y volver a poner bajo la lupa las maniobras denunciadas por los inversores.
Por un lado, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, reclama la posibilidad de tomar las riendas de la acción penal. Por otro, un grupo de ahorristas que aseguran haber sido damnificados por el desplome del proyecto cripto busca recuperar su rol de querellantes, luego de haber sido apartados en instancias anteriores del expediente.
El eje del conflicto gira en torno al cierre dispuesto a partir del dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, que consideró agotada la investigación y solicitó el sobreseimiento de los once imputados. La PIA sostiene lo contrario: argumenta que la causa fue archivada de manera prematura y que restan medidas de prueba clave para determinar si existió una estafa organizada detrás de la moneda digital $LIBRA, que fue difundida públicamente en actos y redes sociales.
El rol de la PIA y la disputa con el fiscal Taiano
El 29 de octubre, la fiscalía especializada en casos de corrupción presentó un extenso escrito ante el Juzgado Federal Nº 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Allí cuestionó la valoración de la prueba realizada por Taiano y pidió ser habilitada para continuar la investigación. Entre otras medidas, la PIA señaló la necesidad de profundizar peritajes sobre teléfonos y computadoras, analizar comunicaciones entre los involucrados y seguir la trazabilidad de las operaciones realizadas con la criptomoneda.
De acuerdo con ese planteo, en el expediente ya existen indicios que podrían mostrar una “concertación defraudatoria” contra los inversores, quienes alegan haber confiado en la promoción pública de $LIBRA para ingresar sus ahorros. El organismo remarcó que la ausencia de un análisis técnico integral sobre las transacciones y los soportes electrónicos impide descartar, en esta etapa, la existencia de un esquema de estafa.
Taiano respondió el 11 de noviembre con un escrito en el que rechazó el pedido de la PIA y defendió la corrección de los sobreseimientos. Consideró que el criterio de Rodríguez era “desacertado” y cuestionó incluso que hubiese accedido en detalle al expediente, al afirmar que sus conclusiones se basan en afirmaciones “antojadizas” y más propias de un “conversatorio televisivo” que de un análisis jurídico.
La decisión sobre si la PIA podrá intervenir finalmente quedó en manos del juez Martínez de Giorgi. Ante la eventualidad de un rechazo, el organismo ya presentó una apelación en subsidio para que la Cámara Federal revise la medida y defina si corresponde mantener cerrado el caso o habilitar una nueva etapa de investigación.
El reclamo de los inversores para regresar como querellantes
El otro camino que podría reimpulsar la causa es el de los propios damnificados. Cinco inversores –Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo– fueron apartados como querellantes a pedido de la defensa de Mauricio Novelli, señalado como uno de los impulsores de la criptomoneda que fue promocionada por el actual presidente.
Los abogados de estos ahorristas apelaron la decisión y, el 4 de noviembre, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió que se revise su exclusión del expediente. En la misma resolución, el tribunal también dio curso al planteo de dos damnificados bielorrusos que buscan ser admitidos como querellantes, lo que confirma el alcance internacional que tuvo la operatoria denunciada.
El fallo de Casación no implicó la reincorporación automática de los inversores, pero abrió la puerta para que una instancia inferior vuelva a analizar su participación. Si se les devuelve ese rol, quedarán en condiciones de impugnar los sobreseimientos dictados, reclamar nuevas medidas de prueba y presionar para que se investigue con mayor profundidad el entramado económico y comunicacional del caso $LIBRA.
- La PIA cuestiona el cierre de la investigación y pide asumir la acción penal.
- Inversores excluidos como querellantes buscan volver al expediente para impulsar nuevas pruebas.
La continuidad o no de la causa $LIBRA dependerá de las decisiones que adopten el juez Martínez de Giorgi y, eventualmente, las cámaras de revisión, en un expediente donde se cruzan política, finanzas digitales y reclamos de damnificados.
Mientras se esperan definiciones, el caso se mantiene en una zona gris: para la fiscalía que pidió el cierre, la investigación ya cumplió su ciclo; para la PIA y los denunciantes, todavía resta desandar el camino de una operatoria cripto que, aseguran, dejó un tendal de pérdidas económicas.
