El oficialismo se anota dos triunfos clave en una sesión tensa
NewsITe
En una sesión cargada de tensión política tras los incidentes registrados durante el debate de la reforma laboral, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos centrales para la Casa Rosada: el nuevo régimen penal juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El oficialismo logró aprobar el régimen penal juvenil con 149 votos afirmativos y 100 negativos. En contra se encolumnaron los legisladores de Unión por la Patria que rechazaron el texto, los cuatro diputados de izquierda, los tres representantes catamarqueños vinculados al gobernador Raúl Jalil y la cordobesa Natalia de la Sota. La votación dejó expuestas una vez más las reconfiguraciones internas del mapa político en el recinto.
El segundo test resultó aún más favorable para el Gobierno. La ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea obtuvo 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. El dato político destacado fue la fractura de Unión por la Patria, donde un sector apoyó el entendimiento impulsado por el Ejecutivo mientras otro, vinculado al kirchnerismo duro, La Cámpora y el espacio de Juan Grabois, lo rechazó. Llamó la atención que el jefe de bloque Germán Martínez optara por acompañar la postura oficialista en lugar de abstenerse, como suele ocurrir en votaciones divisivas.
Los ejes del nuevo régimen penal juvenil
Con la media sanción en Diputados, el proyecto será girado al Senado, donde podría tratarse en la sesión prevista para el 26 de febrero, según anticiparon fuentes parlamentarias. La iniciativa reemplaza una normativa heredada de la dictadura y redefine el abordaje del delito cometido por adolescentes.
El texto fija penas de prisión que no podrán superar los 15 años para menores y prohíbe expresamente la aplicación de prisión perpetua a jóvenes de entre 14 y 17 años. Además, establece que quienes sean privados de su libertad deberán cumplir la condena en establecimientos especializados y separados del sistema penitenciario de adultos, con el objetivo de evitar el «contagio criminal» y favorecer la reinserción.
Para delitos con penas inferiores a 3 años se descartan las condenas de prisión y se priorizan salidas alternativas. En los casos en que la escala penal va de 3 a 10 años y no haya resultado muerte ni lesiones graves, se promueven sanciones con fuerte énfasis social y educativo, como programas de acompañamiento, formación laboral y medidas restaurativas.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió el proyecto al remarcar que la intención no es «amontonar menores privados de libertad en establecimientos» sino «resocializarlos». La diputada cuestionó el régimen vigente, al que calificó como una normativa que permite medidas «vagas y restrictivas» sin ofrecer un marco claro de derechos y obligaciones.
Desde la vereda opuesta, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz criticó el clima de discusión pública en torno a la baja de la edad de punibilidad y apuntó contra la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por promover consignas como «delito de adulto, pena de adulto». «Puede servir para una campaña electoral, pero se aleja de la responsabilidad de quienes tenemos que sacar adelante este país», advirtió, y reclamó abordar la problemática juvenil con políticas integrales y no con «eslóganes de marketing».
Un debate intenso por el acuerdo Mercosur-Unión Europea
El otro punto neurálgico de la jornada fue el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un documento de unas 5.000 páginas que establece la eliminación progresiva de aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y reduce obstáculos para el ingreso de bienes industriales y tecnológicos europeos.
El entendimiento fue firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur. Del acto participaron el presidente Javier Milei y sus pares Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), mientras que el mandatario brasileño Lula da Silva se ausentó, en un gesto que expuso las diferencias dentro del bloque.
Pese a la ratificación legislativa en la Argentina, el acuerdo todavía no puede entrar en vigencia. El Parlamento Europeo pidió la revisión del texto por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar su impacto y determinar si corresponde su aplicación. Ese proceso podría demorar desde varios meses hasta dos años, aunque en Bruselas se analiza la posibilidad de una implementación provisoria mientras se aguarda el fallo definitivo.
En el recinto, el peronismo exhibió posiciones encontradas. El diputado y ex canciller Santiago Cafiero advirtió que el acuerdo «no garantiza el acceso a los mercados europeos» y alertó sobre el peso de las barreras paraarancelarias que siguen actuando como obstáculos para la producción agropecuaria. En contraste, el ex ministro Agustín Rossi defendió la ratificación al considerarla una herramienta que «fortalece al Mercosur, lo consolida como actor económico y lo referencia internacionalmente».
«Voy a votar a favor del acuerdo. A mi criterio es una insubordinación estratégica al presidente Donald Trump», afirmó Rossi, marcando además el tinte geopolítico de la discusión. El oficialismo, por su parte, buscó mostrar al entendimiento como una señal de apertura al mundo.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán (La Libertad Avanza), definió el texto como «una señal clara» de la nueva orientación económica. «El objetivo es ampliar y facilitar el comercio de bienes y servicios, reducir barreras arancelarias, mejorar la competitividad y la cooperación», sostuvo. Para la diputada, el acuerdo «no es un punto de llegada sino un punto de partida» y ratifica que «Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo», sin dejar de lado —subrayó— la protección de sectores sensibles mediante herramientas de adaptación.
Santillán remarcó que «la historia demostró que el aislamiento no genera desarrollo productivo» y concluyó que el entendimiento representa «una decisión estratégica que trasciende a los gobiernos». La sesión dejó así dos mojones legislativos que el oficialismo buscará capitalizar políticamente, mientras el Senado se prepara para continuar la discusión y Europa define los tiempos de la puesta en marcha del acuerdo.
