El decreto municipal que habilita la destrucción de documentación
NewsITe
La Municipalidad de General Pueyrredon, con cabecera en Mar del Plata, dispuso mediante el Decreto Nº 0222/26 la destrucción de una serie de expedientes administrativos detallados en un anexo específico. La medida fue publicada en el Boletín Oficial del distrito y ya comenzó a generar interrogantes sobre el alcance real de la decisión y las garantías de resguardo de la información.
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De acuerdo con el texto oficial, se “autoriza la destrucción de los expedientes detallados en el Anexo I”, documento que enumera uno por uno los legajos que dejarán de existir en soporte físico. Aunque este tipo de disposiciones forma parte de la operatoria habitual de cualquier administración pública, suele despertar atención ciudadana y política en torno a qué se destruye, por qué se lo hace y bajo qué protocolo de conservación previa.
Especialistas en transparencia y acceso a la información señalan que, en estos procesos, la clave pasa por la trazabilidad: contar con un registro claro de los expedientes alcanzados, su antigüedad, el área de origen y si guardan relación con trámites aún abiertos, investigaciones internas o causas judiciales en curso. La ausencia de esos datos de contexto puede alimentar sospechas o dudas respecto de la oportunidad y la conveniencia de la medida.
Otro aspecto central es el resguardo: si antes de proceder a la destrucción se generaron copias digitales fieles de la documentación y si esas copias se almacenan en sistemas seguros, con respaldo periódico y acceso controlado. En diversas jurisdicciones del país, la transición hacia el expediente electrónico fue acompañada por protocolos estrictos para la baja de documentos en papel, justamente para evitar la pérdida de información de valor histórico, probatorio o patrimonial.
Transparencia, control ciudadano y antecedentes locales
En Mar del Plata, donde los debates públicos sobre compras, obras y contrataciones municipales suelen ocupar un lugar central en la agenda política, la publicación de un decreto de destrucción de expedientes tiende a amplificar la demanda social de información precisa. Organizaciones de la sociedad civil y bloques opositores suelen reclamar, en estos casos, el acceso al listado completo y verificable de los legajos que se eliminan.
- Identificación detallada de los expedientes incluidos en el Anexo I.
- Información sobre las áreas involucradas y la antigüedad de la documentación.
- Certidumbre respecto de la existencia de copias digitales y su forma de conservación.
- Aclaraciones sobre si hay causas administrativas o judiciales vinculadas.
En los últimos años, distintos municipios bonaerenses avanzaron en planes de depuración de archivos físicos para reducir costos de almacenamiento y modernizar su gestión documental. Sin embargo, cada vez que se difunde un decreto de estas características, el eje del debate público vuelve a ser el mismo: cómo compatibilizar la eficiencia administrativa con el derecho de la ciudadanía a controlar los actos de gobierno.
La publicación del decreto en el Boletín Oficial es apenas el punto de partida: el verdadero impacto se define en la letra chica del anexo, donde se establece qué documentación deja de estar disponible en papel y bajo qué garantías de preservación digital.
En ese contexto, la decisión del Municipio de General Pueyrredon quedará bajo la lupa de concejales, organismos de control y vecinos, que seguirán de cerca tanto la difusión del Anexo I como los criterios técnicos utilizados para seleccionar los expedientes alcanzados por la destrucción.
