Investigan red de extorsión que operaba desde una cárcel bonaerense
NewsITe
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, anunció la detención de siete presos que habrían integrado una red de extorsión que tuvo como víctima al soldado voluntario Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se quitó la vida el 16 de diciembre pasado en la Quinta de Olivos.
El caso generó fuerte impacto institucional porque el joven prestaba servicios en la residencia presidencial. La hipótesis principal de la investigación judicial apunta a que fue sometido a una maniobra de extorsión y hostigamiento virtual que lo habría llevado a una situación de extrema vulnerabilidad emocional.
En una conferencia de prensa brindada en Buenos Aires, Monteoliva apareció acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa. La ministra precisó que los siete detenidos ya se encontraban privados de la libertad y que, desde el interior de una cárcel bonaerense, habrían montado un esquema delictivo basado en engaños a través de internet.
Cómo operaba la presunta organización
De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, los implicados se habrían contactado con Gómez mediante una aplicación de citas. Para ello, usaban un perfil falso identificado como “Julieta Ayelén Cardozo”, con el que entablaban conversaciones privadas y obtenían información sensible de la víctima.
Una vez ganada su confianza, la organización le habría exigido dinero bajo amenaza de difundir contenido íntimo o comprometer su imagen. Este tipo de maniobras, conocidas como sextorsión, se repiten en distintas provincias y constituyen una preocupación creciente para las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial.
Una banda que actuaba desde la Unidad N°36 de Magdalena
La jueza Arroyo Salgado detalló que los siete reclusos manejaban la operatoria desde el interior de la Unidad Penitenciaria N°36 de Magdalena. Según la investigación preliminar, utilizaban teléfonos celulares que ingresaban de manera ilegal al establecimiento y coordinaban los contactos con las víctimas, así como las exigencias económicas.
- Uso de perfiles falsos en redes y apps de citas.
- Amenazas de difusión de contenido íntimo o privado.
- Exigencia de transferencias o pagos por medios digitales.
La magistrada indicó además que este expediente se vincula con otros casos similares detectados en la misma unidad penitenciaria, lo que refuerza la sospecha de que se trata de una estructura organizada y no de hechos aislados.
“Estamos avanzando sobre una modalidad delictiva que afecta a jóvenes de todo el país y que muchas veces se invisibiliza por el miedo y la vergüenza de las víctimas”, señaló la jueza Arroyo Salgado durante la presentación.
Las autoridades insistieron en la importancia de radicar la denuncia ante cualquier intento de extorsión virtual, conservar las pruebas digitales y evitar realizar pagos a los extorsionadores. La causa por la muerte de Rodrigo Gómez seguirá su curso para determinar responsabilidades penales y eventuales cómplices fuera del ámbito carcelario.
