El oficialismo acelera las negociaciones en el Senado

El Congreso de la Nación se prepara para iniciar una de las discusiones políticas más sensibles del verano legislativo: la reforma laboral y la nueva Ley Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad. En el marco del período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo, este martes comenzará la conformación de las comisiones que tratarán ambos proyectos impulsados por el presidente Javier Milei.
El eje del debate estará en el Senado, donde el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) buscará tejer acuerdos con los bloques considerados “dialoguistas”, como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC). Según trascendió en el ámbito parlamentario, las conversaciones se intensificaron en las últimas semanas, luego de los contactos previos del ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores y referentes legislativos.
En cuanto al Proyecto de Modernización Laboral, el Gobierno plantea una revisión amplia del esquema vigente. Entre los puntos centrales aparece la modificación del sistema de indemnizaciones y la creación de un “Fondo de Cese Laboral” que se instrumentaría a través de convenios colectivos de trabajo, con la intención oficial de dar previsibilidad a las empresas y reducir los litigios judiciales.
La iniciativa también propone reducir contribuciones patronales para incentivar la contratación formal, introducir la figura del “Colaborador Independiente” –bajo un régimen de autonomía, por fuera de la relación de dependencia tradicional– y habilitar un “Banco de Horas” que permita compensar las horas trabajadas de más en otros días, en lugar del pago de horas extras, lo que representa un esquema de mayor flexibilidad horaria.
Fuerte rechazo sindical y marchas frente al Congreso
Las principales organizaciones sindicales ya adelantaron un fuerte rechazo al proyecto laboral. Desde las centrales obreras sostienen que la reforma “no sólo no crea empleo genuino, sino que recorta derechos adquiridos y debilita la protección del trabajador”. En este contexto, distintas agrupaciones convocaron a movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes, mientras se avance con la constitución de las comisiones y se inicien las primeras exposiciones.
Dirigentes gremiales advirtieron que la implementación del Fondo de Cese Laboral y la figura del Colaborador Independiente podrían, en los hechos, “abaratar despidos” y “promover la precarización”, al tiempo que cuestionan la ampliación de facultades para pactar bancos de horas. El oficialismo, por su parte, sostiene que sin cambios en las reglas laborales será imposible reducir la informalidad, que ronda el 40 por ciento.
Baja de imputabilidad y nueva Ley Penal Juvenil
El otro proyecto relevante que tratará el Congreso es la nueva Ley Penal Juvenil, que plantea bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El texto propone un régimen especial para menores de edad que incluye medidas socioeducativas, penas alternativas a la prisión y la eliminación de la reclusión perpetua, reemplazándola por un máximo de 20 años de condena para los casos más graves.
La iniciativa prevé que los adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir sanciones similares a las de los adultos, con penas que podrían superar los 15 años, aunque con la prohibición de alojarlos en cárceles comunes. Para los delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin mediar violencia grave, se priorizan medidas con enfoque social y educativo, como libertad asistida, seguimiento institucional y realización de tareas comunitarias.
- Edad de imputabilidad: baja de 16 a 13 años.
- Tope máximo de condena para menores: 20 años.
- Enfoque socioeducativo para delitos leves o sin violencia grave.
- Prohibición de alojamiento de menores en cárceles comunes.
Desde el oficialismo señalan que el nuevo régimen busca “terminar con la puerta giratoria” y dar respuesta a delitos cometidos por menores de 16 años, que hoy quedan fuera de sanción penal efectiva.
Con sectores del oficialismo reclamando celeridad y la oposición dividida entre el acompañamiento con cambios y el rechazo frontal, el Congreso se prepara para jornadas de alto voltaje político. El resultado de estas negociaciones será clave para el rumbo de la agenda de seguridad y de trabajo que impulsa el Gobierno nacional.

