Avanza en el Congreso el tratamiento de dos proyectos clave del Gobierno
NewsITe
El Congreso se prepara para una semana de alta tensión política. El próximo martes comenzará la constitución de las comisiones en el Senado para debatir, en el marco de las sesiones extraordinarias, dos iniciativas centrales para la gestión de Javier Milei: el Proyecto de Modernización Laboral y la nueva Ley Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad.
Tras el fallido intento de avanzar el año pasado, la reforma laboral vuelve a escena y tendrá su puntapié formal este 11 de febrero. La Libertad Avanza (LLA) encara una intensa negociación con los bloques considerados “dialoguistas”, como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), con el objetivo de asegurar los votos necesarios para dictaminar en comisión y luego llevar los proyectos al recinto.
Según trascendió en el ámbito parlamentario, el oficialismo busca capitalizar las conversaciones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo en los últimos meses con gobernadores y referentes opositores, en un intento por articular apoyos y reducir resistencias en torno a un paquete de reformas que el Gobierno presenta como clave para “modernizar” el mercado laboral y “combatir la impunidad” en materia penal juvenil.
Los ejes del Proyecto de Modernización Laboral
La propuesta de reforma laboral apunta a una revisión integral del régimen vigente. Entre sus puntos centrales se encuentra la modificación del esquema de indemnizaciones por despido y la posibilidad de constituir, a través de convenios colectivos, un “Fondo de Cese Laboral” que funcione como alternativa al sistema tradicional.
El proyecto también contempla la reducción de contribuciones patronales con el objetivo de abaratar la contratación formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Asimismo, introduce la figura del “Colaborador Independiente”, un esquema de trabajo autónomo sin relación de dependencia clásica, que el oficialismo presenta como una herramienta para fomentar el empleo en actividades vinculadas a la economía del conocimiento, servicios profesionales y modalidades flexibles.
Otra de las novedades es la incorporación de un “Banco de Horas”, mecanismo que permitiría compensar excedentes de jornada en días posteriores en lugar de pagarlos como horas extra. Este punto es presentado por el Gobierno como una vía para modernizar la organización del trabajo, aunque es uno de los aspectos que más cuestionamientos genera en el sindicalismo.
Rechazo sindical y clima de protesta
Las centrales obreras y diversos gremios ya manifestaron un fuerte rechazo a la iniciativa. Desde el movimiento obrero advierten que la reforma “no sólo no creará nuevos puestos de trabajo, sino que implicará la pérdida de derechos adquiridos y mayor precarización”. En respuesta, organizaciones sindicales y sociales convocaron a movilizaciones frente al Congreso a partir del martes, coincidiendo con la puesta en marcha del debate en comisiones.
“Estamos ante un proyecto que desequilibra la balanza a favor de las patronales y debilita la protección de los trabajadores”, sostienen desde sectores gremiales que preparan medidas de fuerza escalonadas.
La nueva Ley Penal Juvenil y la baja de imputabilidad
En paralelo, el Senado deberá abordar el proyecto de Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La iniciativa plantea un régimen específico para adolescentes, con medidas socioeducativas y penas alternativas a la prisión, y deja de lado la reclusión perpetua para menores, fijando un máximo de 20 años de condena.
De acuerdo con el borrador que impulsa el oficialismo, los jóvenes de 14 años o más que cometan delitos graves podrían recibir sanciones similares a las de los adultos, con penas que superarían los 15 años de prisión. No obstante, se mantiene la prohibición de alojarlos en cárceles comunes, una cuestión que abre el debate sobre la capacidad del Estado para garantizar dispositivos especiales de detención y rehabilitación.
Para delitos con penas de hasta 3 años, o de hasta 10 años cuando no medie violencia grave, el proyecto prioriza una respuesta con enfoque social y educativo. Entre las herramientas previstas figuran la libertad asistida, la realización de tareas comunitarias y programas de inserción escolar y laboral, con el propósito de evitar la prisión efectiva en los casos de menor gravedad.
Desde La Libertad Avanza sostienen que la reforma busca terminar con la “puerta giratoria” y saldar lo que consideran un vacío legal: los delitos cometidos por menores de 16 años que, bajo la normativa vigente (Ley 22.278), muchas veces no llegan a una condena efectiva. Organismos de derechos humanos y especialistas en niñez, en cambio, alertan sobre el riesgo de profundizar la criminalización de la pobreza y reclaman que el foco se ponga en la prevención y en políticas integrales de inclusión.
El inicio del trabajo en comisiones marcará el primer test político del año para el oficialismo en el Senado, donde deberá demostrar su capacidad de tejer acuerdos en un contexto de alta polarización y fuerte presión social, tanto de sectores que reclaman reformas de fondo como de quienes temen un retroceso en materia de derechos laborales y de protección de la niñez.
