Debate por la baja de edad de punibilidad en la Argentina
NewsITe
El gobierno de Javier Milei volvió a instalar en la agenda pública el proyecto de un nuevo régimen penal juvenil que incluye la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. La propuesta se presenta como una respuesta al problema de la inseguridad, pero especialistas en infancia, derecho penal y políticas públicas advierten que se trata de una medida regresiva y poco eficaz, que choca con la evidencia estadística y con los estándares internacionales de derechos humanos.
La discusión reaparece en un contexto marcado por la crisis económica, el impacto sobre la industria y las pymes y las críticas a la respuesta estatal frente a los incendios en la Patagonia. Diversos sectores interpretan que la reactivación del debate sobre la edad penal funciona como un recurso de demagogia punitivista para desviar la atención y canalizar el enojo social hacia los adolescentes de sectores populares.
Desde el oficialismo se impulsa la idea del “delito juvenil” como amenaza creciente y se refuerza la imagen del llamado “niño monstruo”: la estigmatización de los menores como responsables centrales de la inseguridad. Sin embargo, los datos disponibles muestran otro panorama. Países como Brasil, que bajaron la edad de imputabilidad hasta los 12 años, registran tasas de homicidios de 23,1 cada 100 mil habitantes; en cambio, Uruguay, que mantiene la punibilidad recién a los 18 años, figura entre los países más seguros de la región.
Estadísticas, jurisprudencia y el ejemplo de Patricia Bullrich
La Argentina, donde la edad de imputabilidad está fijada actualmente en 16 años, tiene una tasa de homicidios de 4,2 cada 100 mil habitantes, la más baja de América Latina. En 2014 ya se había intentado endurecer el sistema equiparando a los mayores de 16 con adultos para determinados delitos graves, pero aquella iniciativa fue rechazada en consulta popular.
Pese a estos antecedentes y a las recomendaciones de organismos especializados en niñez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reiteró su consigna: “a delito de adulto, pena de adulto”. La propia trayectoria de Bullrich, que reconoció en entrevistas televisivas haber iniciado su militancia política entre los 14 y 16 años, es utilizada por quienes se oponen a la reforma como ejemplo de cómo las conductas juveniles, incluso cuando son intensas o radicalizadas, no pueden juzgarse con la vara de la adultez plena.
En el plano jurídico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Maldonado”, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Mendoza”, marcaron una línea clara: debido a la menor autonomía y madurez de los adolescentes, el reproche penal debe ser necesariamente inferior al que se dirige a una persona adulta. El máximo tribunal argentino remarcó que los niños y niñas no tienen el mismo grado de madurez emocional que los adultos, lo que impide equiparar la culpabilidad.
La mirada de la neurociencia y las políticas alternativas
El Comité de los Derechos del Niño, órgano encargado de interpretar la Convención sobre los Derechos del Niño —que en la Argentina tiene jerarquía constitucional—, subraya que, según la neurociencia, el cerebro de los jóvenes continúa en desarrollo incluso más allá de la adolescencia. Esto impacta en sus procesos de toma de decisiones, control de impulsos y evaluación de riesgos, y fundamenta la necesidad de un trato diferenciado en el sistema penal.
En sintonía con ese enfoque, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, sostuvo que los jóvenes imputados en delitos requieren “una respuesta social distinta porque son seres en evolución” y que todas las medidas deben orientarse a su reeducación, la prevención de la reincidencia y la atención a las víctimas. Esta visión se contrapone de lleno a las recetas centradas casi exclusivamente en el castigo.
Los datos de la provincia de Buenos Aires respaldan las estrategias preventivas. Según la Superintendencia de Análisis Criminal, los homicidios dolosos cometidos por menores no punibles cayeron 20,8% en el último año. La baja coincide con la implementación del programa “Entramados”, una iniciativa multiagencial impulsada por el gobernador Axel Kicillof para intervenir tempranamente ante niños, niñas y adolescentes vinculados a hechos delictivos, articulando con servicios locales de niñez, jueces y fiscales.
La evidencia oficial muestra que fortalecer las políticas de protección integral y prevención resulta más efectivo que bajar la edad penal para reducir la violencia y la reiterancia delictiva juvenil.
Desde Unión por la Patria anticipan la presentación de un dictamen propio para un nuevo Régimen Penal Juvenil que priorice el trato especial, la protección integral y el cumplimiento de la Constitución Nacional y de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. En este marco, la discusión sobre la edad de punibilidad vuelve a poner en tensión dos modelos: uno centrado en el castigo temprano y otro orientado a la inclusión, la educación y la prevención como estrategia de seguridad a largo plazo.
