La central obrera prepara una “guerra larga” contra los cambios

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La Confederación General del Trabajo (CGT) definió su estrategia frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional como una “larga guerra de varias batallas”. La conducción de la central, dominada por sectores dialoguistas, apuesta a combinar presión política, discusión artículo por artículo en el Congreso y posterior judicialización para intentar morigerar el alcance de los cambios propuestos.
Tras la conferencia de prensa realizada en la histórica sede de Azopardo, donde se confirmó la marcha del próximo miércoles al Congreso sin paro general, uno de los principales referentes de la CGT aseguró a la Agencia Noticias Argentinas que “no está todo tan definido como algunos quieren hacer ver”. En la cúpula sindical confían en que parte de la dirigencia legislativa con llegada a la Casa Rosada podría acompañar la ley en general, pero objetar varios artículos en el tratamiento en particular.
La apuesta cegetista es doble: por un lado, buscar que algunos puntos considerados “incómodos” o lesivos para los trabajadores sean atenuados o directamente eliminados durante el debate parlamentario; por el otro, recurrir a los tribunales laborales para frenar aquellos aspectos que, a su criterio, vulneren derechos adquiridos o contradigan normas constitucionales.
El frente judicial y los puntos más resistidos
En la CGT recuerdan que la Justicia del Trabajo suele mostrarse receptiva a los planteos sindicales. Citan como antecedente inmediato el mega DNU del presidente Javier Milei, cuyo capítulo laboral se encuentra suspendido tras una presentación de la central obrera. Sin embargo, uno de los asesores legales más experimentados de la organización advirtió que la eventual judicialización de la nueva ley “no va a ser tan fácil como el Mega DNU”, ya que se trata de una norma debatida y aprobada por el Congreso.
Entre los aspectos más cuestionados se encuentra la ampliación del listado de actividades consideradas “esenciales” para garantizar servicios mínimos durante las medidas de fuerza. Desde la CGT alertan que esa definición amplificada reduciría de manera significativa la capacidad de presión de numerosos gremios, al limitar el alcance efectivo de los paros.
Otro eje central del rechazo es la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la continuidad de sus cláusulas una vez vencido el acuerdo hasta que se firme uno nuevo. Para la central, esta modificación abre la puerta a una mayor fragmentación de la negociación y favorece los acuerdos por empresa, debilitando el rol de los sindicatos de rama.
- Ampliación de actividades “esenciales” y restricciones a los paros.
- Fin de la ultraactividad de los convenios colectivos.
- Revisión de la cuota solidaria de trabajadores no afiliados.
- Creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL) en reemplazo de indemnizaciones.
También se resisten los cambios propuestos sobre la denominada cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados, así como la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), pensado como alternativa al actual esquema de indemnizaciones por despido. La CGT sostiene que estas medidas podrían deteriorar las finanzas sindicales y abaratar el costo de la desvinculación laboral.
“Estamos tranquilos, no está todo tan definido como algunos quieren hacer ver”, remarcó uno de los principales dirigentes de la CGT, en referencia al futuro de la reforma laboral en el Congreso y en los tribunales.
En este escenario, la central obrera evita por ahora convocar a un nuevo paro general y se concentra en la movilización al Congreso y en el trabajo de lobby político. El objetivo es llegar con la mayor capacidad de negociación posible a cada una de las instancias: el debate parlamentario, la reglamentación de la norma y, si es necesario, la disputa judicial que se abrirá una vez sancionada la ley.

