Denuncian presunto seguimiento ilegal a defensor de Rudnev
NewsITe
El abogado penalista Carlos Broitman, defensor del presunto líder de la denominada “secta rusa de Bariloche”, Konstantin Rudnev, presentó un hábeas corpus preventivo tras denunciar presuntas tareas de seguimiento e inteligencia en torno a su domicilio particular, ubicado en un country de la localidad bonaerense de Canning.
La presentación fue radicada al amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la Ley 23.098, ante el temor de una posible restricción ilegítima de su libertad ambulatoria y una afectación a su integridad personal. Para el letrado, los hechos denunciados exceden una sospecha subjetiva y configuran un episodio de “gravedad institucional”.
El episodio que disparó la acción judicial ocurrió cuando un hombre se presentó en el acceso principal del barrio privado “El Venado” diciendo ser representante de la empresa Mercado Libre. Según el relato incorporado al expediente, el individuo pidió confirmar si Broitman residía efectivamente en ese domicilio, lo que despertó la sospecha del personal de seguridad del country.
Tras la consulta, el supuesto empleado se retiró e ingresó a una camioneta Toyota Hilux blanca en la que lo aguardaban otros cuatro hombres. Ante lo inusual de la situación, la guardia interna activó el protocolo de seguridad, notificó al abogado y dio aviso al 911, lo que derivó en la intervención de la policía bonaerense.
De acuerdo con la ampliación del hábeas corpus, posteriormente se verificó un dato central: el vehículo utilizado no pertenecía a una empresa privada, sino que, al cargar el dominio en el sistema de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires, se identificó que la camioneta está registrada a nombre del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa comprobación fue documentada y acompañada con registros fotográficos del sistema de seguridad del barrio.
Temor por tareas de inteligencia y impacto institucional
Para Broitman y su colega Fabián Lekerman, firmantes de la presentación, la utilización de una identidad falsa para recabar información sensible en su domicilio, sumada a la titularidad estatal del vehículo, refuerza un temor “concreto y razonable” de estar siendo objeto de tareas de vigilancia o inteligencia sin control judicial.
El abogado sostuvo que el episodio “no puede interpretarse como un hecho aislado ni casual” y lo vinculó directamente con su rol como defensor de Rudnev en la causa FGR 2878/2025, que tramita ante la Fiscalía Descentralizada de San Carlos de Bariloche. En ese expediente ya se había registrado, según recordó, un pedido del Ministerio Público Fiscal para allanar el domicilio del abogado de la presunta víctima y secuestrar sus dispositivos electrónicos, medida que fue rechazada por el juez de Garantías por afectar el derecho de defensa y el secreto profesional.
En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Broitman denunció que se trata de “presiones para que nos apartemos de la defensa” y advirtió que han intervenido en la causa luego de que otros estudios jurídicos renunciaran o fueran apartados. A su criterio, la acusación contra su defendido “no soporta el control jurisdiccional para llevar a juicio” en los términos aceptados anteriormente.
El escrito alerta que investigar o vigilar a defensores técnicos vulnera garantías constitucionales básicas y resulta incompatible con el funcionamiento de un Estado de Derecho. La defensa insistió en que la tarea de los abogados “no puede ser objeto de intimidación ni de vigilancia irregular” y reclamó protección expresa para la libertad ambulatoria de Broitman, su integridad personal y el pleno ejercicio de su actividad profesional.
Medidas solicitadas al Poder Judicial
En el petitorio del hábeas corpus, los letrados solicitan que el juez ordene medidas inmediatas para determinar si existen tareas de seguimiento o vigilancia sobre el abogado y, de comprobarse que se realizan sin orden judicial válida, disponga su inmediata cesación. También requirieron que se oficie a las autoridades competentes para que informen quién dispuso la eventual intervención y con qué objetivos.
Broitman aclaró que desconoce si pesa sobre él alguna investigación formal y que nunca fue notificado de actuaciones judiciales en su contra. En caso de existir una causa legítimamente ordenada, afirmó que su voluntad es presentarse de inmediato ante la autoridad competente. “Lo inadmisible es cualquier actuación clandestina o subrepticia”, sostuvo, al advertir que ese tipo de procedimientos erosiona la confianza en las instituciones y amenaza el libre ejercicio de la defensa en juicio.
El expediente ahora queda en manos de la Justicia, que deberá evaluar la verosimilitud del relato, la prueba acompañada y el alcance institucional de la denuncia, especialmente por la eventual participación de un vehículo registrado a nombre del Ministerio de Seguridad de la Nación en maniobras de presunto espionaje sobre un abogado defensor.
