El magistrado relativizó el hecho y habló de “un mensaje institucional”
NewsITe
El juez de Garantías Nº 5 de San Martín, Nicolás Schiavo, se refirió a las amenazas que recibió en las últimas horas, luego de que desconocidos vinculados a una banda narcocriminal atacaran la sede del juzgado. El magistrado sostuvo que los agresores “no vinieron por mí, es un tema institucional de la provincia”, enmarcando el episodio en la ofensiva del crimen organizado contra el sistema judicial bonaerense.
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El hecho, que generó preocupación en los tribunales de la zona noroeste del conurbano bonaerense, se produjo en un contexto de creciente presión de bandas narco sobre jueces, fiscales y testigos. Si bien los detalles del ataque aún se encuentran bajo investigación, fuentes judiciales señalaron que los agresores habrían actuado para enviar un mensaje intimidatorio, más que para concretar una agresión física directa contra Schiavo.
En declaraciones difundidas este lunes, el juez buscó llevar tranquilidad y evitó personalizar el conflicto. “Esto excede a una persona. Lo que está en juego es el funcionamiento de las instituciones y la capacidad del Estado para investigar y juzgar a las organizaciones criminales”, planteó, alineado con la preocupación que ya transmitieron distintos organismos del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
Preocupación por la seguridad en el fuero penal bonaerense
El ataque al juzgado de San Martín se suma a otros episodios registrados en los últimos años contra edificios judiciales, comisarías y funcionarios ligados a investigaciones de narcotráfico. En ese contexto, se reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los tribunales y garantizar protección a magistrados y trabajadores judiciales que intervienen en causas sensibles.
Especialistas en temas de seguridad advierten que las bandas buscan condicionar a la Justicia mediante amenazas y amedrentamientos, al tiempo que intentan instalar un clima de temor en los barrios donde operan. En respuesta, distintos sectores del Poder Judicial reclaman mayor coordinación entre la Nación, la provincia y los municipios para diseñar protocolos de actuación y resguardo específicos frente a este tipo de hechos.
Reacción institucional y pedido de esclarecimiento
Tras conocerse el episodio, se aguardaba una reacción formal de las autoridades provinciales y del Ministerio Público, así como el posible pronunciamiento de asociaciones de magistrados en respaldo a Schiavo y a todos los jueces que trabajan en causas de crimen organizado. El objetivo es dejar en claro que las investigaciones no se detendrán a pesar de las amenazas.
- Refuerzo de la seguridad en juzgados y edificios judiciales.
- Seguimiento específico de causas vinculadas a bandas narcocriminales.
- Coordinación entre fuerzas de seguridad y el Poder Judicial.
“No vinieron por mí, es un tema institucional de la provincia”, afirmó el juez Schiavo, buscando subrayar que el blanco del mensaje intimidatorio es el aparato judicial bonaerense en su conjunto.
La causa por las amenazas y el ataque al Juzgado de Garantías Nº 5 de San Martín quedó en manos de la Justicia provincial, que intentará identificar a los responsables y determinar el alcance de la organización narco que estaría detrás del hecho. Mientras tanto, el caso se sigue de cerca en el ámbito político y judicial, en un escenario donde la disputa con el narcotráfico vuelve a poner a prueba la fortaleza de las instituciones.
