Reclamo por la situación de la abogada detenida en Río
NewsITe
La situación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años detenida en Brasil por un episodio de supuesto racismo, suma tensión diplomática y cuestionamientos al accionar de la Justicia brasileña. La joven permanece en Río de Janeiro con tobillera electrónica, sin acceso a su pasaporte y sin posibilidad de regresar al país, mientras la fiscalía local pidió su prisión preventiva.
La Fundación Apolo presentó un reclamo formal en el que solicita la intervención activa de la Cancillería argentina. Según el documento, al que tuvo acceso la prensa, la imputación contra Páez resulta desproporcionada al no existir aún una condena firme por el cargo de injuria racial. El hecho ocurrió durante sus vacaciones en un bar del barrio de Ipanema, tras una discusión por el cobro de una cuenta.
De acuerdo al escrito, la joven fue detenida luego de ser acusada de realizar gestos considerados ofensivos. Como consecuencia, se ordenó la retención de su pasaporte y la imposición de un dispositivo de monitoreo electrónico, una medida cautelar que, según la fundación, vulnera estándares internacionales de derechos humanos al no haberse evaluado alternativas menos gravosas.
La presentación subraya que no se habría tenido en cuenta la condición de mujer extranjera de la imputada ni su derecho a un trato proporcional y razonable mientras se define su situación procesal. En ese marco, el reclamo detalla que existen registros fílmicos previos a la reacción de Páez, en los que se vería a un empleado del bar realizando gestos obscenos dirigidos a ella y a su acompañante, hecho que no habría sido ponderado adecuadamente por las autoridades.
Cuestionamientos al proceso y pedido de intervención consular
Para la Fundación Apolo, Páez habría sido primero víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y solo después habría reaccionado. En esa línea, sostiene que el caso estaría presentado de forma descontextualizada, lo que invertiría los roles de víctima y victimaria.
El documento cita la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior argentino para sostener que la Cancillería está habilitada a intervenir cuando se advierten posibles vulneraciones al debido proceso o medidas desproporcionadas contra un ciudadano argentino en el exterior.
Además, se mencionan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de la ONU, que exigen una protección reforzada cuando se trata de mujeres sometidas a situaciones de violencia, discriminación o asimetría de poder dentro del sistema penal.
- Cuestionamientos a la proporcionalidad de las medidas cautelares.
- Pérdida del pasaporte y uso de tobillera electrónica.
- Referencias a tratados internacionales de derechos humanos y de protección consular.
- Pedido de revisión de las restricciones y retorno de la imputada a la Argentina.
La entidad advirtió que el caso habría sido utilizado con fines de “ejemplaridad” por parte de fuerzas de seguridad brasileñas, a través de imágenes y mensajes difundidos en redes oficiales, lo que podría reforzar una lógica de estigmatización y mano dura, incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
En su presentación, la fundación reclamó que la Cancillería ejerza con mayor firmeza la protección consular e incluso evalúe un planteo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas. Mientras tanto, la Justicia de Río de Janeiro avanza con la causa y el Ministerio Público insiste en la prisión preventiva, al considerar que el comportamiento de Páez “extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido” y se encuadra en una conducta “discriminatoria y ofensiva”.
