Crecen los juicios laborales mientras caen los accidentes de trabajo
El sistema de Riesgos del Trabajo atraviesa una crisis inédita en la Argentina: mientras los accidentes laborales y las muertes en el trabajo muestran una fuerte caída, la cantidad de juicios por siniestros no deja de crecer y volvió a batir un récord. De acuerdo con datos sectoriales, en 2025 ingresaron alrededor de 134.000 nuevas demandas, configurando el mayor número registrado desde la puesta en marcha del régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Los especialistas hablan de una verdadera «paradoja» del sistema. Por un lado, los indicadores de seguridad laboral mejoraron de forma sostenida en los últimos años, con una reducción cercana al 55% en la cantidad de accidentes y del 80% en fallecimientos en el ámbito laboral. Se estima que, desde la creación del sistema, se evitaron unos 4,7 millones de accidentes y se salvaron 19.000 vidas gracias a la prevención y a la cobertura obligatoria de las ART.
Sin embargo, la litigiosidad se disparó un 200% desde 2020 y hoy la presión judicial amenaza la sostenibilidad del régimen. El stock de juicios laborales por Riesgos del Trabajo llegó a 317.848 causas a septiembre, pese a que en el mismo período las ART lograron cerrar unas 70.000 demandas. Incluso se alteró la estacionalidad habitual: en diciembre se iniciaron más juicios que en noviembre, algo que no sucedía desde los meses previos a la reforma de 2017.
Una judicialidad muy por encima de otros países
En comparación internacional, la situación argentina resulta aún más llamativa. Con niveles de siniestralidad y de cobertura similares o mejores que los de Chile y España, la judicialidad local es, no obstante, abrumadoramente superior. Según cifras del sector, por cada 10.000 trabajadores se presentan en Chile unas 5,8 demandas y en España 8,5, mientras que en la Argentina se alcanzan 132,8 presentaciones judiciales.
Esto implica que la tasa de juicios por riesgos del trabajo es unas 23 veces mayor que en España y 16 veces superior a la de Chile. Lo que en otros sistemas es un recurso excepcional se transformó en un componente estructural del funcionamiento del régimen argentino, con impacto directo tanto sobre los costos empresariales como sobre la previsibilidad de las indemnizaciones para los trabajadores.
El rol de los peritos y el incumplimiento de la Ley 27.348
Las aseguradoras y especialistas del sector apuntan principalmente al incumplimiento del Poder Judicial en la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) previstos por la Ley 27.348, sancionada en febrero de 2017 como complemento de la Ley de Riesgos del Trabajo. Esa norma estableció que la determinación de incapacidades debía quedar en manos de equipos médicos especializados, bajo parámetros unificados y supervisados.
En la práctica, denuncian, en muchas jurisdicciones esa obligación nunca se cumplió. En lugar de CMF institucionales, siguen actuando peritos externos sin control ni coordinación centralizada, que muchas veces se apartan de los dictámenes de las Comisiones Médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Sus pericias, cuestionadas por sobreestimar incapacidades, terminan siendo convalidadas por los jueces laborales.
Costos, intermediación y necesidad de reformas
Otro punto crítico es la estructura de costos que genera esta ola de litigios. De cada millón de pesos que las ART desembolsan en condenas consideradas evitables, cerca del 45% queda en la intermediación: honorarios de abogados, peritos y otros gastos del sistema judicial. Es decir, alrededor de 450.000 pesos no llegan directamente a los trabajadores sino que se disipan en el circuito legal.
- Mayoría de las demandas ligadas a discrepancias periciales y montos indemnizatorios.
- Impacto sobre la prima que pagan las empresas y el costo laboral total.
- Riesgo de que se desincentive la inversión en prevención por inestabilidad normativa.
Las entidades del sector sostienen que corregir las distorsiones judiciales y fortalecer los mecanismos periciales oficiales es clave para sostener un sistema que, en la práctica, redujo la siniestralidad pero hoy se ve desbordado por una litigiosidad que no refleja esa mejora ni se alinea con estándares internacionales.
Mientras tanto, el debate sobre una nueva reforma del sistema de Riesgos del Trabajo vuelve a instalarse en la agenda. Empresarios, sindicatos, aseguradoras y especialistas coinciden en que resulta imprescindible dar previsibilidad a las reglas de juego, resguardar los derechos de los trabajadores lesionados y, al mismo tiempo, evitar que la distorsión judicial ponga en riesgo la continuidad de un esquema que fue diseñado, originalmente, para prevenir accidentes y brindar respuestas rápidas y de calidad ante cada siniestro laboral.
