Eutanasia y salud mental: el dilema que divide al Río de la Plata
NewsITe
Un reciente informe técnico de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) reavivó el debate sobre el final de la vida en el país, al poner bajo la lupa la eutanasia en casos de padecimientos exclusivamente mentales y exponer la brecha legal que separa a la Argentina de Uruguay.
El documento advierte que aún no existen protocolos clínicos sólidos para determinar la “irremediabilidad” del sufrimiento psíquico, condición clave en la discusión internacional sobre la eutanasia. En paralelo, remarca que, mientras Uruguay avanzó en una regulación activa de la muerte asistida, el marco argentino se mantiene restrictivo y circunscripto a decisiones de rechazo de tratamientos.
Dos modelos legales frente al final de la vida
El mapa normativo regional muestra con claridad el contraste a orillas del Río de la Plata. Uruguay se transformó en 2024 en el primer país de América Latina en habilitar la eutanasia activa. La ley uruguaya prevé requisitos estrictos: mayoría de edad, aptitud psíquica comprobada y la existencia de un sufrimiento considerado “insoportable”, ya sea de origen físico o psicológico, siempre evaluado por equipos médicos.
Argentina, en cambio, se enmarca en lo que especialistas denominan un modelo de eutanasia pasiva. Las leyes 26.529 de derechos del paciente y 26.742 de muerte digna permiten rechazar procedimientos médicos y solicitar el retiro de soportes vitales. Sin embargo, cualquier acción directa destinada a provocar la muerte sigue encuadrada como delito en el Código Penal, particularmente en los artículos 79 (homicidio) y 83 (instigación o ayuda al suicidio).
Lecciones y dudas desde el escenario internacional
El trabajo de la UADE incorpora datos de Europa y Norteamérica, donde la combinación de avances legislativos y frenos políticos refleja la complejidad del tema. En Canadá, por ejemplo, el Parlamento resolvió postergar hasta al menos 2027 la aplicación de la muerte médicamente asistida (MAID) para pacientes con trastornos exclusivamente psiquiátricos.
Esa postergación respondió a un diagnóstico concluyente: hoy no es posible garantizar evaluaciones clínicas lo suficientemente seguras para afirmar que un cuadro psíquico es verdaderamente irremediable. La posibilidad de mejoras futuras y la evolución constante de la psiquiatría introducen un margen de incertidumbre que pesa en la decisión legislativa.
Países Bajos es uno de los pocos casos donde sí se admiten solicitudes de eutanasia vinculadas a problemas psiquiátricos. En 2023 se registraron 138 casos bajo estrictos criterios de “debido cuidado”. Bélgica también contabiliza un número significativo de prácticas asociadas a depresión severa, trastornos de personalidad y esquizofrenia, lo que mantiene abierto el debate sobre los riesgos de discriminar, aun de manera indirecta, a personas con discapacidad psicosocial.
Tres nudos críticos en salud mental
El informe académico identifica al menos tres puntos de fricción cuando se intenta trasladar el modelo de eutanasia aplicada a enfermedades físicas hacia el campo de la salud mental.
- Irremediabilidad difícil de probar: a diferencia de un diagnóstico oncológico avanzado u otras patologías terminales, en salud mental resulta muy complejo asegurar que no habrá tratamientos o combinaciones terapéuticas eficaces en el futuro.
- Capacidad decisoria fluctuante: el sufrimiento emocional intenso, la presencia de crisis agudas o los efectos de la medicación pueden alterar de forma intermitente la autonomía del paciente, poniendo en cuestión la validez y permanencia del consentimiento.
- Riesgo social y desigualdad: la pobreza, el aislamiento, la falta de acceso a dispositivos de salud mental y a cuidados paliativos pueden empujar a algunas personas a solicitar la eutanasia como respuesta a vulneraciones estructurales, y no sólo a su padecimiento clínico.
El peso de las convicciones religiosas en el debate público
La UADE también releva la incidencia de los marcos éticos religiosos, particularmente influyentes en sociedades como la argentina. De acuerdo con el informe, las principales religiones monoteístas —catolicismo, judaísmo, islam y diversas corrientes evangélicas— sostienen un rechazo mayoritario a la eutanasia, incluso en casos de sufrimiento psíquico extremo.
En líneas generales, estas tradiciones consideran que cualquier forma de muerte provocada es incompatible con la dignidad intrínseca de la vida humana. Desde esta perspectiva, ampliar la eutanasia a trastornos mentales implicaría debilitar la responsabilidad del Estado y de la sociedad de garantizar tratamientos, acompañamiento y redes de cuidado suficientes.
El núcleo del cuestionamiento religioso y ético apunta a que la eutanasia no reemplace a políticas integrales de salud mental, inclusión social y acceso equitativo a servicios de calidad.
En este contexto, el trabajo de la UADE plantea la necesidad de un debate informado y plural en la Argentina, que considere tanto los desarrollos comparados como las particularidades del sistema de salud y las condiciones sociales del país, antes de avanzar o no hacia un cambio de paradigma en materia de eutanasia y salud mental.
