Cipriani marca distancia por el caso de obreros peruanos en Punta del Este
NewsITe
Cipriani Ocean Resort, Residences & Casino salió públicamente a fijar posición tras las denuncias por presunto encierro de trabajadores peruanos en la obra de reconversión del histórico Hotel San Rafael, en Punta del Este. La compañía sostuvo que no tuvo injerencia en la contratación ni en la administración de los obreros involucrados y apuntó a la constructora principal y a sus subcontratistas como responsables directos.
En un comunicado difundido en las últimas horas, la firma con presencia internacional rechazó de manera tajante cualquier tipo de vulneración a los derechos humanos dentro de sus proyectos. Remarcó que la ejecución de los trabajos en Uruguay está a cargo de CRIBA S.A. Uruguay y de empresas subcontratistas, entre ellas la peruana Wasi, señalada en la denuncia policial presentada en Maldonado.
El caso tomó estado público a partir de un video difundido en la red social TikTok, donde se ve a un grupo de nueve obreros que afirmaban estar “enjaulados” en el alojamiento que les habían asignado. Según su relato, al finalizar la jornada las puertas y portones del predio eran cerrados con cadenas, impidiéndoles salir libremente y generando una situación de posible privación de la libertad en contexto laboral.
Investigación en curso y cuestionamientos a la cadena de subcontratación
La denuncia fue radicada el 22 de enero ante una seccional policial de Maldonado y tiene como principal señalado al propietario de Wasi, empresa especializada en pisos de madera de la Amazonía y restauración de techos de época. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) tomó intervención luego de que el video se hiciera viral y se comunicara de manera informal la situación de los trabajadores.
El secretario general del SUNCA en Maldonado, Michael Pistone, sostuvo que a los obreros “les trancaban la portera para que no pudieran salir del predio” y explicó que no habían denunciado antes por temor a perder su empleo. El gremio declaró al dueño de Wasi “persona no grata” y reclamó una investigación exhaustiva sobre el rol de todas las empresas involucradas en la cadena de contratación.
CRIBA S.A. Uruguay, filial de la constructora argentina con más de 70 años de trayectoria y presencia en el país vecino desde hace una década, quedó en el centro de las críticas. Si bien la compañía negó las acusaciones y argumentó que los hechos ocurrieron fuera del ámbito directo de la obra, la legislación uruguaya le asigna responsabilidad solidaria por las condiciones de los trabajadores subcontratados.
Postura empresarial y posibles sanciones en Uruguay
En su pronunciamiento, Cipriani reiteró su “respeto irrestricto” a la normativa laboral uruguaya y a estándares éticos vinculados con los derechos humanos, y se puso a disposición de la Justicia y de los organismos de control. La empresa señaló que continuará colaborando con las autoridades “en todo lo que se requiera” mientras avanza la investigación.
- CRIBA S.A. Uruguay negó que existan condiciones irregulares en el ámbito de la obra principal.
- Wasi es investigada por presunta privación de libertad agravada en perjuicio de los trabajadores peruanos.
- El SUNCA reclama mayores controles sobre las cadenas de subcontratación en megaproyectos con mano de obra extranjera.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Uruguay, a través de la Inspección General a cargo de Luis Puig, realizó inspecciones antes y después de la denuncia pública. El organismo analiza ahora la información recabada y no descarta la aplicación de sanciones si se comprueban violaciones a la normativa. El caso volvió a poner bajo la lupa las condiciones laborales en obras de gran escala y el rol de las subcontratistas en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes.
“Nos mantenemos a disposición absoluta de las autoridades competentes para colaborar en todo aquello que sea necesario”, enfatizó el comunicado difundido por Cipriani.
Mientras tanto, distintas organizaciones sindicales y sociales siguen con atención el avance del expediente, en un contexto regional donde crecen las alertas por abusos laborales vinculados a la tercerización y a la contratación de trabajadores extranjeros en el sector de la construcción.
