Allanamiento y desalojo en un edificio de Palermo
NewsITe
Una vivienda del barrio porteño de Palermo fue recuperada y restituida a su propietario, un jubilado de 70 años, luego de que la Justicia de la Ciudad ordenara el desalojo de una mujer que permanecía en el lugar pese a haber dejado de pagar el alquiler y haber presentado documentación apócrifa.
El inmueble, ubicado en la calle Fitz Roy al 2400, estaba alquilado bajo la modalidad de alquiler temporario desde mayo de 2024. De acuerdo con la denuncia del dueño, la inquilina sólo abonó los primeros meses del contrato y luego dejó de cumplir con sus obligaciones, negándose a abandonar la propiedad pese a los reiterados reclamos.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, que reunió pruebas sobre la conducta de la mujer. Fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño indicaron que el fiscal Maximiliano Vence determinó que la inquilina había presentado un certificado de ingresos falso al momento de celebrar el contrato, lo que agravó la situación procesal de la acusada.
Frente al desacato sistemático de las intimaciones para que entregara el inmueble de forma voluntaria, el fiscal solicitó al Juzgado PCyF N° 4 la realización de un allanamiento y el desalojo de la vivienda, con el objetivo de garantizar la restitución del bien a su legítimo propietario y evitar una prolongación del conflicto.
Amplio operativo judicial y asistencia social
El procedimiento fue coordinado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal y ejecutado por la División Contravencional y de Faltas de la Policía de la Ciudad. En el operativo también intervino personal de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias (GAYE), encargado de brindar apoyo técnico y logístico durante el ingreso al domicilio.
Desde el Gobierno porteño participaron, además, la Dirección General de Atención Inmediata y el Programa Buenos Aires Presente (BAP), áreas especializadas en la contención y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad habitacional. También se hizo presente la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano (SECGVC), el Área Desalojos, la Dirección General de Políticas Asistenciales para Personas Mayores y personal del SAME, para asegurar asistencia sanitaria en caso de ser requerida.
Conflictos de alquiler y herramientas legales
El caso vuelve a poner en foco los conflictos que se generan en torno a los contratos de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires y las dificultades que enfrentan tanto propietarios como inquilinos en un contexto de tensión habitacional. Desde la Justicia destacan la importancia de realizar los contratos de forma formal y documentada, verificar la autenticidad de los certificados de ingresos y recurrir a los canales legales ante cualquier incumplimiento.
- La inquilina habría falsificado un certificado de ingresos para acceder al alquiler temporario.
- El propietario, un jubilado de 70 años, sólo cobró los primeros meses de renta.
- La Fiscalía PCyF 8 impulsó la causa y pidió el allanamiento y desalojo.
- Participaron varias dependencias del Gobierno porteño y el SAME.
Fuentes judiciales remarcan que el uso de documentación apócrifa y el desacato a órdenes legales pueden derivar en causas penales, además de la pérdida de la tenencia del inmueble.
Con la restitución de la vivienda, el caso quedó encaminado a una nueva etapa judicial, en la que se evaluarán eventuales responsabilidades penales y civiles. Mientras tanto, las autoridades insisten en que los mecanismos legales son la vía adecuada para resolver este tipo de conflictos, evitando situaciones de violencia o soluciones por mano propia.
