Lara Fernández: niegan excarcelación a los tres condenados

La Justicia mantiene presos a los condenados por el crimen de Lara

Familiares y allegados piden justicia por el crimen de Lara Fernández

NewsITe

La Justicia bonaerense rechazó los pedidos de excarcelación presentados por las defensas de los tres jóvenes condenados por el homicidio de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada durante un intento de robo en Lomas de Zamora el 1° de enero de 2022. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 5 de ese departamento judicial.

Según confirmó la madre de la víctima, Laura Fernández, el tribunal desestimó las solicitudes realizadas en favor de Alan Benjamín González Ávalos, Cristian Maidana y Nicolás Strassera, quienes fueron hallados culpables por el hecho. Con esta resolución, los jueces entendieron que no están dadas las condiciones para que los condenados esperen en libertad mientras continúan las instancias de revisión de la sentencia.

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Los magistrados ponderaron especialmente el riesgo de fuga y remarcaron que “la libertad opera en favor de la posibilidad de la frustración de la aplicación de la medida impuesta”. En esa línea, indicaron que la gravedad de los delitos, las penas fijadas y las características del caso vuelven improcedente cualquier medida de morigeración en este momento del proceso.

Condenas, apelaciones y el reclamo de la familia

El 25 de noviembre de 2024, el TOC N° 5 condenó a Cristian Maidana a 20 años de prisión, a Nicolás Strassera a 21 años y a Alan Benjamín González Ávalos a 24 años de cárcel. En el caso de González, también se lo declaró culpable por el asesinato del jubilado Hugo Domato, lo que derivó en una pena más alta.

Los tres fueron considerados responsables del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad. En el caso de Strassera, además, se le sumaron las figuras de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, con participación de un menor, y robo agravado por su comisión en poblado y en banda.

Pese a las penas impuestas, la querella que representa a la familia de Lara apeló el fallo al considerar que se trató de un homicidio criminis causa, es decir, un asesinato cometido para ocultar otro delito o lograr su impunidad. Por ese motivo, solicitaron que se revoquen las condenas actuales y se imponga la máxima sanción prevista en el Código Penal: la prisión perpetua.

Se suspende una audiencia y sigue el proceso

En el escrito al que tuvo acceso la agencia NA, el tribunal señaló que, a partir del rechazo de las excarcelaciones, deberá dejarse sin efecto la audiencia fijada para el 5 de febrero de 2025 en el marco del programa de “revisión periódica de medidas de coerción”, aprobado por la Suprema Corte bonaerense mediante la resolución 2298/23. Esa revisión apunta a controlar de manera regular las prisiones preventivas y las medidas restrictivas de la libertad.

Laura Fernández manifestó alivio ante la resolución, aunque no ocultó su enojo por los planteos de las defensas. “No puede ser que soliciten estos beneficios. Si bien la condena no está firme, ellos están presos por homicidio, no debería existir beneficio alguno para este tipo de delitos”, sostuvo, al remarcar que seguirá reclamando penas más severas para los responsables del crimen de su hija.

En paralelo, continúa el proceso contra un cuarto implicado, conocido como “Martincito”, quien cumplió 19 años en mayo pasado pero era menor de edad al momento del robo: tenía 15 años. Su caso tramita ante la Justicia de Responsabilidad Juvenil, bajo un régimen especial para menores en conflicto con la ley penal, por lo que su situación procesal se resuelve en un fuero distinto al de los tres condenados principales.

“Ellos están presos por homicidio, no debería existir beneficio alguno para este tipo de delitos”, expresó la madre de Lara, que insiste en reclamar perpetua para los acusados.

Con el fallo que ratifica las detenciones, la familia de Lara considera que se envía una señal a la sociedad respecto de la gravedad de los delitos cometidos en contexto de robo y el rol de la Justicia frente a los reclamos de las víctimas.

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