La Procuración del Tesoro aseguró que la Argentina cumple con todas las órdenes judiciales en la causa por la expropiación de la petrolera y calificó de falsas las versiones sobre posibles sanciones del tribunal de Nueva York.
El Gobierno nacional salió a desmentir las versiones que circularon en los últimos días y aseguró que la Argentina no incurre en desacato en el juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Estados Unidos. A través de un comunicado, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) afirmó que el país cumple con todas las decisiones judiciales vigentes y calificó de falso cualquier planteo en sentido contrario.
En la antesala del inicio de 2026, el organismo que conduce Santiago Castro Videla fijó su postura frente a las últimas novedades de una causa extensa y compleja, que lleva más de una década en los tribunales de Nueva York. En ese proceso, la Justicia estadounidense condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares por irregularidades en la expropiación de la petrolera, fallo que la Argentina apeló y que aún permanece bajo revisión.
Mientras avanza esa apelación, Burford Capital —el fondo que compró los derechos para litigar y principal beneficiario del fallo— intensificó sus intentos de cobro. Entre otras acciones, pidió avanzar sobre las acciones que el Estado posee en YPF y buscó demostrar la existencia de un “alter ego” entre el Gobierno y la empresa, con el objetivo de habilitar embargos sobre activos argentinos en el exterior.
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron esas maniobras y afirmaron que la Argentina cumple plenamente con todas las resoluciones judiciales. Además, remarcaron que las versiones sobre sanciones o desacato carecen de sustento jurídico. “Hablar de desacato resulta absolutamente falso y especulativo”, señalaron fuentes del organismo.
La PTN explicó que, a partir del 15 de enero, las partes acordaron un cronograma procesal para intercambiar escritos y precisó que cualquier definición futura quedará exclusivamente en manos del tribunal que encabeza la jueza Loretta Preska, quien dictó la condena en primera instancia.
Tal como informó El Norte, Burford se prepara para solicitar formalmente que la jueza declare al país en desacato. El fondo sostiene que la Argentina no entregó comunicaciones privadas —chats y correos electrónicos— de funcionarios y exfuncionarios, requeridas en el marco del proceso de discovery, y por ese motivo reclama sanciones. El tribunal recién abordará ese planteo a partir de marzo.
Desde el Gobierno advirtieron que una eventual declaración de desacato afectaría la estrategia oficial de atraer inversiones extranjeras y de volver a emitir deuda bajo legislación estadounidense. La definición judicial, además, coincidiría con la realización de la Argentina Week en Nueva York, un evento clave para el vínculo con inversores internacionales, al que planea asistir el presidente Javier Milei.
La Procuración del Tesoro aclaró que el Estado argentino apeló la orden de discovery por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como estadounidense. Aun así, aseguró que actúa de buena fe y que realiza entregas parciales y periódicas de la información relevada. También destacó que la mayoría de los funcionarios y exfuncionarios involucrados prestó su colaboración de manera voluntaria, aunque Burford considera insuficiente ese cumplimiento.
Para el Gobierno, el proceso impulsado por el fondo constituye “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano” y una maniobra para desviar la atención del momento desfavorable que atraviesa el demandante. En ese sentido, las autoridades remarcaron que las acciones de Burford registraron una caída cercana al 29% durante el último año, especialmente después de la audiencia de apelación realizada en octubre.
“La defensa del interés nacional exige seriedad, rigor y apego a la verdad”, afirmaron desde la Procuración del Tesoro. En esa línea, reiteraron que la Argentina actúa dentro del marco legal y descartaron de manera categórica cualquier escenario de desacato en el juicio por YPF.
