Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza Loretta Preska que fije fechas concretas para tratar un eventual desacato y sanciones económicas contra la Argentina, en medio de reclamos por demoras en la entrega de comunicaciones oficiales.
Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF le pidieron a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que establezca fechas específicas para avanzar con una declaración de desacato y posibles penalidades económicas contra la Argentina. El planteo se produjo a partir de las demoras en la entrega de chats, mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios.
El pedido, presentado este miércoles, forma parte de la estrategia que los demandantes —Petersen y Eton Park, financiados por el fondo Burford— impulsan desde que obtuvieron una sentencia favorable por US$16.000 millones y la Argentina decidió apelar. Según remarcaron, el país “usa maniobras dilatorias” y no cumplió en tiempo y forma con las órdenes vinculadas a la producción de comunicaciones.
En escritos previos, los beneficiarios del fallo habían advertido que estaban dispuestos a avanzar con medidas más severas, incluido un posible desacato que podría multiplicar las multas. El abogado de los demandantes ya había señalado en audiencia que, si Argentina persistía en no entregar los mensajes, avanzarían “por la ejecución de la orden, por sanciones, incluidas presunciones adversas y multas monetarias”.
Ese escenario comenzó a materializarse esta semana con un pedido puntual: que Preska establezca un cronograma para tramitar el desacato y definir eventuales penalidades.
El trasfondo del planteo se mantiene sin cambios. Los demandantes buscan demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas operan como “alter egos” del Estado argentino, lo que podría habilitar embargos en el futuro. Para sostener esa hipótesis, exigen acceder a intercambios digitales de funcionarios que, entienden, reflejarían cómo circulan las decisiones entre las entidades y el Gobierno.
En presentaciones anteriores, los demandantes mencionaron distintos nombres, entre ellos Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno, quienes —según plantearon— se negaron a entregar sus chats. También señalaron que otros cuatro funcionarios rechazaron hacerlo y que varios ni siquiera respondieron al requerimiento del propio gobierno argentino.
La discusión se profundizó cuando, pese a una orden de Preska para que hubiera avances, los demandantes aseguraron que el país continuaba entregando la información “a cuentagotas”. Al mismo tiempo, recordaron que ya habían advertido su disposición a “avanzar en el pedido de sanciones monetarias o de otro tipo”.
La presentación del miércoles incorporó un nuevo elemento: un calendario. En la carta remitida al tribunal, los demandantes pidieron fijar fechas para el tratamiento del desacato y de las sanciones asociadas a la presunta falta de producción de “off-channel communications”, es decir, comunicaciones realizadas por fuera de los canales oficiales.
Propusieron presentar su moción el 15 de enero, que la Argentina responda el 19 de febrero y que la réplica quede para el 5 de marzo. El país dio su consentimiento sobre ese esquema procesal.
Además, los beneficiarios reiteraron el pedido de que la jueza reserve espacio para una audiencia probatoria sobre el tema, algo que ya habían planteado en la audiencia del 9 de diciembre. Señalaron que allí podrían discutirse los argumentos del país sobre por qué afirma no tener acceso al material requerido. La defensa argentina, por su parte, dejó asentado que se opone a “una audiencia probatoria indefinida y prematura” y sostuvo que los demandantes no detallaron alcance, testigos ni objetivos de esa instancia.
La Procuración del Tesoro insiste en que los dispositivos involucrados son personales y que, por lo tanto, depende de cada funcionario decidir si los entrega voluntariamente. En documentos previos, la Argentina indicó que existieron colaboraciones parciales y enumeró a quienes aún no confirmaron su participación en el proceso.
Preska ya había fijado que debían registrarse avances y programó audiencias para el 10 y el 29 de enero. Ahora debe definir los próximos pasos, mientras la Corte de Apelaciones analiza el planteo central del país contra el fallo por la expropiación.
