Asfixiado por un contexto económico complejo que atraviesa el municipio, el titular del Ejecutivo de Ramallo impulsa una tasa vial del 2% que se trasladará al precio y tendrá impacto directo en el bolsillo de los automovilistas que carguen combustibles en los surtidores de ese distrito. Comenzará a regir en 2026.
De la redacción de EL NORTE
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A partir de 2026, cargar combustible en Ramallo será más caro. No por una decisión de las petroleras ni por un nuevo impuesto nacional, sino por una definición política del Ejecutivo local que encabeza Mauro Poletti. El nuevo Código Tributario que impulsa la gestión municipal de la vecina localidad abre la puerta a la creación de una tasa vial del 2% sobre la venta de combustibles líquidos y GNC, un recargo que terminará impactando de manera directa en el bolsillo de los automovilistas.
Ramallo quedó así alineado con otros distritos bonaerenses que avanzan en la misma dirección, como Cañuelas y Coronel Suárez. En todos los casos, la lógica es similar: se establece un tributo municipal sobre la facturación de las estaciones de servicio, que actúan como agentes de retención, pero el costo final se traslada al precio que paga el vecino en el surtidor. En términos concretos, llenar el tanque en Ramallo a partir del próximo año implicará pagar un adicional decidido en el ámbito municipal.
Desde el oficialismo local se buscó relativizar el impacto. El propio Poletti sostuvo públicamente que se trata de “una gota en el mar” y estimó que el recargo rondaría entre 1200 y 1800 pesos por carga, según el tamaño del tanque. Sin embargo, en un contexto económico complejo, con combustibles caros, ingresos que no acompañan y una fuerte presión impositiva, cualquier aumento adicional suma y se siente, sobre todo para vecinos y trabajadores que ya llegan ajustados a fin de mes. Más aún cuando se trata de un gravamen que se aplica sobre un producto que ya tiene una elevada carga de impuestos nacionales y provinciales.
La medida adoptada por el Municipio de Ramallo no es un hecho aislado. En las últimas semanas se reavivó la polémica por la suba de tributos municipales en distintos puntos de la provincia, con Pilar como caso testigo. En este sentido, el Gobierno nacional salió al cruce de estas decisiones y cuestionó duramente a los intendentes por trasladar mayores costos a los precios finales, mientras desde Nación se insiste con un discurso de baja de impuestos. Incluso, el Ministerio de Economía promovió acciones judiciales contra municipios que aplican tasas viales, al considerar que duplican impuestos ya existentes, como el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Por otra parte, desde el sector empresario también hubo objeciones. La Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina advirtió que estas tasas distorsionan los precios y generan desigualdades entre distritos, ya que un automovilista puede terminar pagando más, simplemente por cargar en un municipio u otro. En ese esquema, Ramallo corre el riesgo de transformarse en una plaza menos competitiva frente a localidades vecinas.
La discusión de fondo excede lo técnico y se instala en el plano político. La gestión de Poletti opta por ampliar la presión tributaria local como forma de financiamiento, aun cuando el impacto recae sobre vecinos y trabajadores que utilizan el vehículo todos los días. Con el nuevo Código Tributario en marcha, el debate ya no es si habrá o no recargo, sino quién termina pagando las decisiones del Ejecutivo municipal. Y todo indica que, desde 2026, la respuesta estará en cada carga de combustible que se haga en Ramallo.
