En la quinta audiencia del juicio oral de la “Causa Cuadernos”, la fiscalía afirmó en su acusación que la ex presidenta recibió dinero en sus domicilios a través de intermediarios durante su gobierno. El requerimiento detalla 128 episodios de pagos ilegales.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue acusada por la fiscalía de haber recibido sumas de dinero en sus domicilios provenientes de empresarios durante su gobierno. La lectura del requerimiento fiscal, encabezado por el fiscal federal Carlos Stornelli, marcó el eje central de la quinta jornada del juicio oral por el caso Cuadernos.
Según la acusación, la entonces mandataria figuraba como la principal receptora del dinero entregado por privados. Este flujo habría llegado a través de intermediarios directos como el fallecido Héctor Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner.
La audiencia comenzó poco antes de las 9.30 y dio cierre a la lectura de las 678 páginas del requerimiento de elevación a juicio en la causa principal. Además, se retomó el análisis de otro tramo del expediente en un cuarto intermedio que se extendió durante la mañana. Fernández de Kirchner escuchó la acusación conectada por Zoom desde el departamento donde cumple arresto domiciliario por la Causa Vialidad. La fiscalía sostuvo que la ex presidenta habría intervenido en 22 oportunidades en maniobras de cohecho como parte de una asociación ilícita.
La estructura señalada por la acusación y los destinos del dinero
El requerimiento describió un esquema donde Roberto Baratta actuaba como comunicador y receptor inicial de los pagos. Muñoz sería el intermediario final y Cristina Fernández la destinataria última de los fondos. Según la acusación, la exmandataria tenía la capacidad efectiva para decidir el destino y uso del dinero recibido. El monto habría sido entregado por empresarios con el objetivo de influir en decisiones públicas. Los aportes de imputados colaboradores reforzaron la línea argumental de fiscalía, que acusó intervención directa de Cristina en la recepción de sobornos.
Los fiscales incluyeron testimonios de arrepentidos como el extitular del OCCOVI, Claudio Uberti. Fue él quien relató haber visto unas 20 valijas en el departamento de los Kirchner en Recoleta, supuestamente destinadas a una propiedad en Río Gallegos. También mencionó bolsos con pesos significativos que habrían sido trasladados al domicilio. Otros inmuebles fueron señalados como receptores finales del dinero. Entre ellos, la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el departamento de Juncal y Uruguay. Este último fue mencionado como centro de acopio de pagos retirados de distintas empresas.
Episodios, empresarios involucrados y detalle de entregas
La fiscalía enumeró 128 episodios de entrega de dinero con fechas específicas, basándose en anotaciones del remisero Oscar Centeno. Entre los empresarios mencionados se encuentran Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Gerardo Ferreyra, Raúl Glazman, Ivánissevich, Romero, Vertúa y Dragonetti. Las entregas atribuidas a la ex presidenta se habrían producido entre 2008 y 2010. Gran parte del dinero habría sido trasladado por miembros de la organización a distintos inmuebles vinculados a la ex mandataria.
Las maniobras, según la acusación, se inscriben dentro de un plan delictual que agrupaba una serie de pagos ilegales destinados a garantizar beneficios para las empresas involucradas. El Tribunal Oral Federal 7 continúa con la lectura del requerimiento fiscal, que integra además otros dos tramos vinculados a coimas para adjudicación de obra pública.
El avance del juicio oral y el cronograma de audiencias
El juicio, que posee modalidad mixta, avanza con audiencias virtuales cada martes y jueves. Según el cronograma difundido por el Tribunal Oral Federal 7, la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del caso central y de dos causas asociadas se extenderá hasta el 2 de diciembre. Las audiencias del 4, 9, 11 y 16 de diciembre estarán destinadas a la acusación del Ministerio Público Fiscal y de la querella de la Unidad de Información Financiera en la causa conocida como “La Camarita”, que investiga la presunta cartelización de la obra pública por parte de empresas viales.
El 18 de diciembre se dedicará a los requerimientos fiscales de los expedientes “Trenes” y “Corredores Viales”. Las audiencias virtuales serán complementadas con encuentros presenciales si se habilita una sala adicional en el Palacio de Justicia de Talcahuano 550, pedido elevado a la Corte Suprema para facilitar más presencialidad desde el 10 de diciembre.
Próximas etapas procesales y situación de los imputados
Una vez finalizada la etapa de lectura, el juicio pasará a una fase de cuestiones preliminares donde los jueces escucharán planteos de las defensas, la postura de la fiscalía y la opinión de la querella de la UIF. Según estimaciones del Tribunal, las 86 declaraciones indagatorias comenzarían en febrero de 2026. Incluso quienes opten por no declarar deberán concurrir para acreditar sus datos personales frente al Tribunal, la fiscalía y las partes querellantes.
El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido sigue el juicio detenido desde la cárcel de Ezeiza tras quedar firme su condena por la tragedia de Once. En la misma situación se encuentra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado también por ese hecho. Ambos transitan el proceso privado de libertad, con pedidos de arresto domiciliario rechazados por la Justicia.
El Tribunal Oral Federal 7 continuará con la modalidad mixta hasta resolver la disponibilidad de una sala adecuada para incrementar las instancias presenciales. Mientras tanto, las audiencias seguirán de manera virtual con los jueces reunidos en su sede y las partes conectadas de forma remota.
