El Juzgado Federal de Campana acusó a Jorge D’Onofrio por lavado de dinero y dispuso un embargo millonario mientras avanza la investigación por presuntas maniobras con fondos de multas de tránsito.
El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio fue procesado por lavado de dinero y recibió un embargo de 350 millones de pesos. La decisión fue tomada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. El magistrado también mantuvo la inhibición general de bienes dictada en marzo de este año. A pesar de la acusación, el exfuncionario continuará en libertad provisoria conforme al artículo 310 del Código Procesal Penal. La información fue difundida por la agencia DIB.
La medida incluyó además a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV. La Justicia lo procesó por lavado de dinero y dispuso un embargo de 300 millones de pesos sobre su patrimonio. En este caso, el juez no aplicó el agravante por función pública al no comprobarse una relación directa con las maniobras investigadas. Asensio también permanecerá en libertad mientras avanza el expediente. El fallo remarcó que ambos implicados habrían actuado dentro de una estructura delictiva destinada a desviar fondos de multas.
La causa comenzó el 5 de septiembre de 2024 tras una denuncia que involucró a D’Onofrio y a la concejal de Pilar Claudia Pombo. La presentación los señaló como responsables de liderar una organización dedicada a apropiarse de fondos del sistema de cobro de multas en distintos municipios. El expediente describió una estructura con división de funciones, jerarquías definidas y uso de prestanombres para mover dinero. La presunta red operaba alrededor del negocio de las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular. Esa maniobra habría permitido ocultar el origen ilícito de los fondos.
Uno de los puntos centrales de la investigación fue la compra de una camioneta Audi Q8 a nombre de Asensio en octubre de 2023. El vehículo se registró por 30 millones de pesos, aunque su seguro declaraba un valor superior a los 173 millones. La Justicia determinó que el verdadero usuario del rodado era D’Onofrio, quien además figuraba habilitado para conducir y pagaba el Telepase. Para sostener la operación, se presentó un contrato con una sociedad familiar sin actividad económica demostrada. Ese documento reforzó la sospecha de un mecanismo de ocultamiento patrimonial.
En sus declaraciones, D’Onofrio negó ser el propietario del vehículo e indicó que lo utilizó una sola vez. Asensio afirmó que compró la camioneta con dinero obtenido de la venta de un terreno. El juez González Charvay rechazó ambas versiones por considerarlas inconsistentes. El fallo concluyó que Asensio actuó como testaferro del exministro. Esa maniobra encuadró, según el expediente, en un esquema típico de lavado de activos.
El vehículo también fue transferido a un tercero en noviembre de 2024, el mismo día en que la Cámara Federal de San Martín resolvió la competencia del tribunal. Para la Justicia, esa operación buscó entorpecer el rastreo patrimonial del rodado. El movimiento coincidió con un momento clave del expediente. Los investigadores interpretaron la maniobra como una acción destinada a borrar rastros de la operatoria. Ese punto se incorporó a los fundamentos del procesamiento.
D’Onofrio había renunciado a su cargo el 30 de diciembre pasado por motivos personales mientras avanzaban causas por presunta corrupción. Una de ellas, radicada en Campana, investiga lavado de activos relacionados con fondos provenientes de la VTV y fotomultas. La otra, a cargo del fiscal platense Álvaro Garganta, aborda delitos de fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. El procesamiento lo ubica nuevamente en el centro del escándalo judicial. Su situación se agrava en un momento de creciente tensión institucional en la provincia.
