La jueza estadounidense advirtió sobre un posible incumplimiento de la orden que busca determinar si el Gobierno y la petrolera actuaron como una misma entidad durante la expropiación de 2012.
La jueza federal Loretta Preska ratificó su decisión de exigir la entrega de comunicaciones electrónicas entre funcionarios y exfuncionarios argentinos para analizar el grado de vinculación entre el Estado y la empresa YPF durante el proceso de nacionalización. Además, deslizó la posibilidad de abrir una nueva investigación ante el presunto incumplimiento de su orden judicial.
Durante una audiencia celebrada en Nueva York, los demandantes —beneficiarios del fallo que obliga a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF— denunciaron “un incumplimiento total” por parte del Estado argentino en la entrega de los documentos requeridos.
Preska solicitó acceder a correos, mensajes y otras comunicaciones con el objetivo de determinar si el Gobierno argentino intervino directamente en las decisiones internas de YPF. Esa distinción es clave, ya que de comprobarse que ambas partes actuaron como una sola entidad, la magistrada podría habilitar el embargo de activos públicos en el exterior para garantizar el cobro de la sentencia.
La causa forma parte de una derivación del juicio principal iniciado en 2015 y no está relacionada con la apelación directa del fallo que se discutió la semana pasada. En la audiencia, la defensa de la Argentina sostuvo que está gestionando la “cooperación” de los involucrados, aunque advirtió que no puede asegurar la preservación de todos los registros solicitados.
Según el cronograma acordado, Argentina deberá informar antes del 10 de noviembre quiénes entregarán los mensajes y comenzar a producir los documentos a partir del 21 del mismo mes. Preska amplió su requerimiento para incluir conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, Signal, redes sociales y demás.
Por su parte, los demandantes reclamaron que, si no se cumple con los plazos establecidos, se convoque una nueva audiencia para evaluar una posible sanción por desacato.
